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TRES DÉCADAS SIN “EL PEDA”

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Septiembre tiene para la Universidad de Chile una triste carga. El mismo día del golpe de Estado que desencadenaría represión y desapariciones a lo largo de todo el país, comenzaría a funcionar también la pesada maquinaria que en 1981 le arrebató al plantel sus sedes regionales y uno de sus polos de desarrollo más preciados: el Instituto Pedagógico. Ese mismo año se aceleraría, por ley, la privatización de la educación superior.

 

Por Jennifer Abate

Fotos: Colección Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile / Felipe PoGa

 

El 11 de septiembre de 1973 comenzó temprano para la actual Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, María Eugenia Horvitz. Llegó cerca de las seis y media de la mañana al Campus Oriente del plantel (que en ese tiempo comprendía a las Facultades de Filosofía y Humanidades, de la que dependía el Instituto Pedagógico, la de Ciencias Sociales y Ciencias) con una sola certeza: el Golpe se venía.

 

La joven directora del Departamento de Historia había hablado temprano con su ex marido, el doctor Enrique Paris, quien estaba en La Moneda acompañando al presidente Salvador Allende y le había dicho que la situación era irreversible. “Empezamos a sacar cosas, a ordenar, porque ya sabíamos que el golpe había llegado. La información era que se había rebelado la Marina y que venían las tropas arrasando desde Valparaíso. Empezamos a ordenar los papeles para que la gente no fuera incriminada. También tratamos de dejar en orden la situación de los estudiantes”. Sin embargo, en ese momento Horvitz mantenía la esperanza de que, pasado un tiempo, los académicos siguieran ejerciendo sus labores en la Universidad. No fue así.

 

En primer lugar, la Fuerza Aérea, que tomó control del recinto, en el que había entre 500 y mil personas en ese momento, según recuerda Horvitz, paralizó las actividades académicas hasta marzo de 1974. Muchos académicos fueron exonerados casi inmediatamente, en octubre de 1973, aduciendo que eran “problemáticos para la convivencia universitaria”. Muchos de ellos desaparecieron. En el Informe Rettig figuran 42 víctimas relacionadas con el Instituto Pedagógico. Horvitz recuerda que el nuevo director designado en su unidad le dijo, cuando ella regresó a buscar algunos papeles a su oficina: “Es tan bueno el plan que ustedes tenían para mejorar el trabajo académico, que lo vamos a poner en práctica de todas formas”. Horvitz respondió tristemente: “¿Con qué profesores lo va a hacer?”.

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LOS DOCENTES EN LA MIRA

 

El Instituto Pedagógico fue fundado en 1889 gracias al decreto 1.113 del ministerio de Justicia e Instrucción Pública e impulsado por Valentín Letelier, quien había sido enviado a Alemania años antes para aprender de la experiencia pedagógica en dicho país. Por ese tiempo, en Chile la educación estaba en las manos de profesionales de diversa índole, como abogados o médicos, y ni siquiera la educación básica era obligatoria.

 

Según Iván Páez, Director Ejecutivo del Programa de Educación Continua para el Magisterio de la Universidad de Chile, la experiencia internacional traída por Letelier, junto a la que se había acumulado en nuestro país fruto del trabajo de las Escuelas Normales, hizo que localmente se comprendiera que el saber pedagógico tenía una relevancia específica y que era necesario comenzar a preparar docentes. “El Estado le pidió a la Universidad de Chile que se hiciera cargo de esta nueva institucionalidad y el Instituto Pedagógico logró convertirse en uno de los más importantes centros de formación de profesores de Latinoamérica. De hecho, llegó a tener cien estudiantes latinoamericanos de intercambio todos los años. Era un polo de desarrollo regional”, explica Páez.

 

En esas aulas, explica el docente, “se relevaba la formación de ciudadanía, la participación, las relaciones internacionales y la valorización de la profesión docente”. Es por eso que una de las primeras medidas de la dictadura fue intervenir el Instituto Pedagógico el mismo día del golpe. Posteriormente, en 1981, el régimen decidió separarlo definitivamente de la Universidad.

 

Páez señala que, a su juicio, la principal razón para este despojo tenía que ver con que “la dictadura requería aulas que no estuvieran formando personas que tuvieran la capacidad de deliberar, reflexionar, participar, ser ciudadanos. Cuando hay una formación de ese tipo, evidentemente eso puede molestar a un poder que se constituye como autoritario. Ellos necesitaban que la ciudadanía no estuviera pensando en por qué se estaban haciendo las cosas”, sentencia.

 

Con eso concuerda Rodrigo Roco, ex Presidente de la FECH y actual asesor de gabinete del ministerio de Educación, quien explica que la extirpación del Instituto Pedagógico se debió a “una visión político-ideológica muy concreta, que buscaba facilitar el control sobre el profesorado, el cual era identificado como parte de la difusión de ideas marxistas entre la juventud”. Según Roco, el aislamiento de la formación docente del resto de la Universidad le daría a esta, según los militares, “un carácter más específico y orientado exclusivamente a una instrucción propiamente tal y a los valores que buscaba promover la dictadura”.

 

Por su parte, Víctor Orellana, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, dice que “a los militares les parecía que la Universidad era muy grande, muy caótica y con mucha gente. Lo que hacen los militares  es disfrazar una especie de ánimo anti Universidad de Chile, porque esta era un componente relevante de la alianza social del régimen nacional popular. La Universidad era el núcleo de la izquierda. Yo diría que no hay un ensañamiento contra los profesores, pero sí contra la unidad nacional, que es lo que representaba la universidad”.

 

En efecto, el despojo del Instituto Pedagógico fue sólo una de las medidas que la dictadura tomó en el verano de 1981 y que debilitaron al plantel público. El 3 de enero de ese año había entrado en vigencia el DFL 1, que separaba a la Universidad de Chile de sus sedes regionales y que, a la vez, fomentaba la creación de universidades privadas. Otros cuerpos legales, como el DFL 4 de ese mismo año, disminuirían en los años siguientes el aporte del Estado a sus universidades, llegando en 1985 al 50% del aporte fiscal correspondiente al año 1980. “La desregulación de todo el sistema empezó ahí y la gente que lo impulsó lo sabía y lo quería”,  sentencia María Eugenia Horvitz.

 

En un artículo publicado por la Revista Anales de la Universidad de Chile, Carlos Hunneus resume este desmantelamiento: “mientras el ‘gremialismo’ lograba que el gobierno respaldara a la UC para que creciera y llegara a tener un tamaño que le permitiera tener un rol de liderazgo en la educación superior, con la Universidad de Chile los nuevos gobernantes se propusieron reducir su tamaño para que dejara de ser un actor dominante en la educación superior, la investigación científica y el desarrollo cultural del país”. La suerte de la educación superior pública estaba echada.

 

El 17 de febrero de 1981, a través del DFL 7, el Instituto Pedagógico se convertiría en la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, lo que le quitaba su rango de institución universitaria y convertía la carrera docente en una técnica.

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LA CHILE SIN “EL PEDA”

 

María Eugenia Horvitz reflexiona que hasta el día de hoy la separación del Instituto Pedagógico es “una pérdida irreversible” no sólo para la Universidad de Chile, sino también para el estatus de los profesores. “Separar tempranamente las sedes de la Universidad es un daño, obligar al autofinanciamiento es otro daño. Pero lo del Instituto Pedagógico tiene que ver con el destino de lo que estamos viviendo en este instante. Es decir, sacar la formación de profesores de la universidad más completa, más competente, más abierta que tenía el país, fue grave.”

 

El año 1985 la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago recuperaría su carácter universitario, pasando a llamarse Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), pero sólo en 1990 alcanzaría la validez de sus títulos profesionales. Por su parte, recién en 1993 la Universidad de Chile retomaría, lentamente, la formación de docentes, con la creación del Programa de Investigación en Estudios Pedagógicos, actual Departamento de Estudios Pedagógicos. Pero la deuda sigue.

 

El 7 de septiembre de 2000, a raíz de una profunda crisis en la UMCE, que sumaba 102 días de paralización, la ministra de Educación de la época, Mariana Aylwin, anunciaba que “el Peda” sería traspasado a la Universidad de Chile, debido a que no tenía la capacidad de funcionar como una institución autónoma. En la Casa de Bello y en la UMCE esta decisión produjo apoyo entusiasta y expectación, pero también rechazo. Si bien algunos creían que “el mencionado traspaso es un hecho de decisiva importancia, no sólo para el presente y futuro de ambas instituciones”, como señalaba una declaración de académicos publicada en El Mercurio en el 2000, otros se oponían férreamente.

 

Iván Páez estima que en este proceso faltó generosidad. Generosidad y responsabilidad. “La UMCE tenía un proyecto que se estaba construyendo, con sus desafíos propios, y la Universidad de Chile también tenia sus propias complejidades, como el tema del presupuesto, de las relaciones de poder entre las unidades académicas y la unidad central, además del tema de la participación de los estudiantes y los académicos. También estaba el asunto del rigor, de cómo se integraba a la Universidad de Chile otra universidad que no tenía sus pergaminos. Hay una serie de interrogantes que generaron desconfianza y desapego”. Finalmente, en 2001 el Consejo Universitario estimó que este traspaso era inviable.

 

Actualmente, gracias a diversas unidades académicas, la Universidad de Chile forma a profesionales aptos para trabajar en casi todo el ciclo de enseñanza. Sin embargo, septiembre recuerda, una vez más, la deuda del Estado con un sistema vigoroso de formación de profesores dispuestos a introducir en las aulas públicas no sólo los contenidos del currículum, sino también la importancia del ejercicio de la ciudadanía y los valores de la democracia.

 

 

 

 

ENTREVISTAS

 

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Rodrigo Roco, asesor de gabinete del Ministerio de Educación

 

“Queremos que la educación se conciba como un bien y un derecho social”

Si bien es parte interesada en el debate por la aprobación de la Reforma Educacional propuesta por Michelle Bachelet, Roco, ex Presidente de la FECH, asegura que algunas de las medidas del gobierno apuntan a devolverles a los maestros su estatus dentro del sistema.

¿En qué ayuda la Reforma a los docentes?

-Desde el momento en que se propone realizar el tránsito desde el paradigma actual, que asume la educación como bien de consumo regulado por el mercado y en donde cada quien compra lo que puede, a un paradigma que concibe la educación como un bien y un derecho social, se está dando un marco que permite encauzar el conjunto desde el sistema, desde las prácticas micro en las comunidades educativas hasta las reglas del juego y el financiamiento y organización del sistema.

¿Cuál es la propuesta específica de la Política Nacional Docente que impulsa la Reforma?

-Tiene como eje fundamental crear una nueva Ley de Carrera Profesional Docente, que deberá contemplar, entre otros aspectos, el ingreso a las carreras de pedagogía para atraer al ejercicio a jóvenes con alta vocación y con las mejores capacidades para ello; mayores exigencias para las instituciones responsables del proceso de formación inicial; un plan de inducción al ejercicio profesional para docentes nóveles; y una Carrera Profesional Docente para convertir a la profesión docente en una de las más exigentes y valoradas socialmente.

 

 

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María Eugenia Horvitz, Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile

 

“Nunca nos imaginamos que la dictadura sería tan cruel”

Su primera aproximación con el golpe de Estado fue en el Instituto Pedagógico, que los militares intervinieron definitivamente desde el 11 de septiembre de 1973. Debido a su ingenuidad, dice, muchos de los estudiantes, funcionarios y académicos que estaban en ese momento en lo que hoy es la UMCE pusieron en riesgo sus vidas.

¿Por qué no se fueron, a pesar del miedo a ser asesinados o desaparecidos?

-Esa pregunta tiene que ver con la visión de ahora, que no era la de entonces. No estábamos pensando en el peligro. La gente en esa época no caía detenida así como así o era asesinada en la calle, como fue el leit motiv de la dictadura. No teníamos ninguna experiencia al respecto. Nada había tenido esa crueldad antes.

¿Usted era partidaria de que la gente saliera de la Universidad?

-Sí, porque en el análisis que habíamos hecho varios historiadores de esta asonada, a nuestro modo de ver, fascista, no podíamos hacer mucho frente al regimiento que teníamos frente a nosotros. Mucha gente decidió, llorando, irse y entregar sus carné de militantes. No los quemamos, sino que cavamos la tierra y los metimos ahí. Nunca más los han encontrado. La gente de la UMCE todavía los anda buscando.

 

 

 

*Publicado en El Paracaídas #1

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