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MÁS QUE BOLETAS

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Por Carlos Ruiz E.*

 

La situación de parálisis por la que ha pasado el gobierno y la política, desde hace ya meses, acusa una crisis. Pero no sólo se trata de los escándalos de corrupción -legal e ilegal- que hemos conocido. Para ellos hay castigos posibles, podrá haber nuevas leyes, y la política seguiría su curso.

 

Estamos ante una crisis de legitimidad institucional. Una que se viene incubando como agotamiento de los marcos de la política trazada en la transición y que tiene que ver con los estrechos límites de nuestra democracia, con la marginación que establecen de una variedad amplia de intereses y sectores de la política institucional. Nadie podría estar en contra de esclarecer la relación que mantiene el dinero con la política, pero ¿qué sucede con la relación de la sociedad y la política?

 

Este es el nudo sistemáticamente eludido por esos moldes de la transición, vigentes hasta hoy. Las protestas de 1997 se encasillaron como una externalidad de la crisis asiática; a la movilización del 2006 se respondió con un consejo asesor y un acuerdo político transversal; al estallido del 2011 se le arrinconó bajo una discusión puramente “educacional” que hasta hoy no recibe respuesta. Discutir la democracia es, pues, discutir la crisis.

 

Y es que el diseño político de la transición se sostuvo en una contención de las demandas sociales, entonces al amparo de la debilidad de los actores subalternos, así como en el miedo a la regresión autoritaria. Librada de ello la ciudadanía, demandó participación y cambios a la política. Pero no fue escuchada. Y de la apatía de aquellos años 90 pasó a la frustración y la rabia frente al cierre político. La legitimidad y las esperanzas cifradas en el ciclo que se abrió tras el “NO” se fueron descomponiendo, hasta terminar dependiendo de no más que el carisma de Bachelet. En febrero esa burbuja reventó, haciendo patente el costo de esta sorda proyección de los moldes de la transición, a saber, desnudando el hecho que no hay fuerzas políticas constituidas para representar los intereses de amplias mayorías. Un vacío político. Ensimismadas, las fuerzas de la política institucional insisten en seguir escindidas de los sectores organizados de la sociedad, con excepción del empresariado. Las ofertas de “cambio” se desnudan financiadas -legal o ilegalmente- por quienes defienden y profundizan el modelo neoliberal.

 

Los mecanismos de control social, tan efectivos en los años noventa, se revelan agotados en estos años recientes para lidiar con la ciudadanía. Lo mismo ocurre con los consejos asesores de Bachelet. El viejo refugio de la política en los “expertos” sólo desnuda la evasión de un necesario ensanchamiento de la deliberación pública y, con eso, confirma la latencia de rasgos autoritarios en la política institucional. Se han puesto a prueba, en definitiva, los límites históricos del imaginario concertacionista para ampliar la democracia.

 

Cabría, entonces, al menos una razonable duda sobre quienes hoy piden nueva Constitución, pero hasta ayer defendían el modelo. Una nueva Constitución debe sustentarse en una ampliación de los derechos sociales y la democracia política como tal, sin eludir una reformulación del modelo de desarrollo y las vías para construir un pacto social que lo sostenga. Hay que constitucionalizar la salida del neoliberalismo. No se puede pretender convertirla en una consigna para alimentar la ya licenciada política de la transición y, por lo tanto, objeto de una refundación espuria de la política.

 

El riesgo para todos debiera ser claro. El vacío político instalado amenaza con engendrar un liderazgo autoritario, que apueste por barrer con “los políticos”, hasta desdibujar la idea misma de democracia.

 

Las diversas fuerzas que pugnan por reformas sustantivas han de ver  en una nueva Constitución el modo de resolver el abismo entre la sociedad y la política y, a través de tal refundación de la política, concebir la construcción de una democracia efectivamente orientada hacia la integración social, y no, como ha sido en estas décadas, a la administración de una sociedad segregada. De este modo se podrá reponer a la política como espacio de resolución de conflictos sociales legítimos, en tanto se repongan contrapesos efectivos a la enorme colonización empresarial sobre la política institucional y el Estado. Ello representa, más allá de demagogias que han caen por su propio peso, la genuina apertura de un nuevo ciclo histórico.

 

El escenario actual, plagado de monstruosas imágenes -la postal de políticos “de izquierda” financiados por pinochetistas-, es también rico en posibilidades. El agotamiento de una política ensimismada, si bien detona carreras en las clases dirigentes por una refundación espuria de la política, también abre la oportunidad a nuevas fuerzas históricas. Por descontado, también interpela al gobierno a decidir si abrir procesos y cauces de organización y participación para la mayoría de la sociedad, o seguir acudiendo al repertorio de prácticas de la transición para frenar las demandas por transformaciones sustantivas.

 

*Sociólogo, Director del Departamento de Sociología U. Chile, Presidente del Directorio de Fundación Nodo XXI
*Publicado en El Paracaídas #7

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