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FERNANDO ATRIA: “HAY UNA DESLEGITIMACIÓN PROGRESIVA DEL SISTEMA POLÍTICO”

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Desde 2011, se ha transformado en uno de los protagonistas del debate público sobre la Asamblea Constituyente y las reformas educacionales en Chile. En esta entrevista, Atria analiza la actual crisis política del país y también los posibles cambios en el financiamiento de la educación superior que se prometieron para este año. “El sentido de la gratuidad es evitar que la educación se venda en el mercado”, señala.

 

Por Cristian Cabalin Q.

Fotos: Felipe PoGa

 

Es autor, entre otras obras, de La Constitución Tramposa (Lom, 2013) y La Mala Educación: Ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile (Catalonia-Ciper, 2012). Ambos libros sintetizan los temas de mayor interés de Fernando Atria, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo. Para Atria, los problemas constitucionales y educacionales del país tienen una raíz común: la supremacía de las ideas neoliberales, que han maniatado al sistema político y han permitido la privatización de los derechos sociales.

 

“El ideal neoliberal es un mundo sin política. Es decir, que la política no pueda interferir en el mercado, que nosotros como ciudadanos no podamos decidir si hay o no mercado en educación o salud. El orden constitucional está diseñado para que sea extraordinariamente difícil intervenir en estas áreas. Esto produce un sistema político neutralizado, incapaz de procesar las demandas ciudadanas”, dice Atria para explicar el origen de los actuales conflictos políticos y sociales.

 

Para algunos analistas, Chile está experimentando una crisis política y no institucional, porque sus instituciones fundamentales no están en riesgo ¿Es real esta distinción?

– Si uno asume que existe una crisis de las instituciones políticas, la diferencia entre una crisis institucional y una política es más bien superficial.

 

Entonces ¿cómo es posible definir el actual momento político?

– Lo que realmente está ocurriendo es la aceleración de un proceso de descrédito y de deslegitimación de las instituciones políticas.

 

Para superar este problema de legitimidad pareciera que hay dos posturas. Una que intenta procesarla a través de un reacomodo de la “vieja” Concertación en el gobierno y otra que propone una Asamblea Constituyente para reorganizar el sistema en su conjunto…

– La primera opción no es una salida, es una postergación del problema. Si existiera una reacción conservadora, no bastaría con reorientar el gobierno, habría que transformarlo en un gobierno más de la Concertación. Eso podría dar una sensación de seguridad y estabilidad ahora, pero la cuestión estallaría en las próximas elecciones presidenciales. Podría ser simplemente una solución de corto plazo.

 

O sea, la salida sería una Asamblea Constituyente…

Hace más de un año, dije que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas, y hoy creo que estamos en esta situación. El origen del actual problema político está en la enorme influencia de los poderes fácticos del país, que lo único que pueden alegar a favor de sí mismos es que existen. Pero no tienen ninguna legitimidad. El poder del dinero es el más fáctico de todos y ha hecho de las suyas en la política.

 

¿Es el Proceso Constituyente, anunciado por Michelle Bachelet para septiembre, una buena respuesta a esta situación de crisis?

– Es muy relevante vincular las medidas para regular la relación entre la política y el dinero con la necesidad de tener una nueva Constitución. Ambos aspectos están asociados. Es importante aclarar que se habla de Proceso Constituyente y no de un mero cambio constitucional. Esto surge de una demanda ciudadana y es el primer paso para una nueva Constitución. Por lo tanto, este proceso exige una alta legitimidad para cumplir cabalmente su rol.

 

¿Esa legitimidad se alcanzaría si el proceso termina en una Asamblea Constituyente?

– Un Proceso Constituyente supone un mayor grado de legitimidad que un cambio constitucional dictado por ley desde el Congreso. Y su modo máximo de legitimidad se lograría con una Asamblea Constituyente.

 

Los grandes empresarios, la Iglesia Católica, los militares en su momento, y hasta El Mercurio han sido vistos como poderes fácticos. ¿Cómo se advierte esa influencia que usted señala en la esfera pública?

– Una manera de verla es a través de la legislación. Tenemos una ley que regula el gasto electoral, pero en realidad esta legislación nunca pretendió someter a los poderes fácticos. O sea, esta ley no se dictó para cambiar la forma de financiar las campañas políticas, sino simplemente para poder decir que las campañas políticas estaban reguladas. No se dictó para ser cumplida ni para cambiar la realidad del financiamiento político en Chile. De hecho, esta ley no tiene mecanismos de fiscalización. Lo mismo se puede observar en educación con el cambio desde la LOCE a la LGE. La LOCE se derogó solamente para decir que se había derogado esta ley constitucional de enseñanza, pero las cuestiones que estaban realmente en juego en las discusiones educacionales de 2006 no se modificaron con la Ley General de Educación.

 

Una de las críticas comunes hacia el gobierno de Michelle Bachelet es que carece de liderazgo político para, por ejemplo, controlar a esos poderes fácticos…

– No sé si liderazgo es el concepto preciso. La palabra liderazgo abunda en los currículos de las escuelas de negocios. Se supone que uno aprende a ser líder a través de pruebas de liderazgo en esas escuelas. Entonces, no sé si liderazgo es la palabra adecuada para analizar hoy al gobierno.

 

Quizás no, pero el manejo del caso Caval lo ha dañado…

– Sí, dañó mucho al gobierno en un momento en que estaba subiendo en aspectos estratégicos de su programa. Por ejemplo, la Ley de Inclusión producirá una reforma significativa del sistema escolar, además del Acuerdo de Unión Civil y el fin del sistema binominal. O sea, el gobierno había adquirido un ritmo para tener cierto optimismo y justo aparece este asunto de Caval. No creo que haya aparecido de manera casual.

 

¿Cree que fue una operación política o fue solo una coincidencia?

– No suelo creer en coincidencias. Cuando uno habla de una operación política, las personas se imaginan una confabulación de muchos operadores en una pieza oscura fumando cigarrillos. No lo pienso así, pero no fue casual el momento en que brota el caso Caval. De todos modos, da lo mismo, porque el problema surgió y afectó a la Presidenta. Ella todavía no sabe muy bien cómo salir de este asunto.

 

En este contexto de debilidad política, desde algunos sectores se ha propuesto incluso adelantar las elecciones parlamentarias… 

– La crisis actual no tiene que ver solamente con Soquimich, Caval o Penta. Hay una deslegitimación progresiva del sistema político. Entonces, la crisis de hoy tiene dos dimensiones que vienen desde mucho antes. Primero, el descrédito del sistema político, porque es incapaz de procesar las demandas ciudadanas al estar neutralizado por el problema constitucional. Segundo, esta relación entre dinero y política es otra fuente de deslegitimación. Por lo tanto, adelantar las elecciones sería interpretar que el único problema es el segundo y que no hay un problema como el primero. Sería, simplemente, una forma de negación.

 

Recientemente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un nuevo informe sobre desarrollo humano y una de las conclusiones es que la sociedad chilena se ha politizado en los últimos años ¿Es posible afirmar que el país se ha re-politizado?

– Efectivamente. Este proceso está ocurriendo desde el movimiento estudiantil de 2006 y se profundizó en 2011. Ese año, la politización fue prácticamente automática, al final todo el mundo tenía una opinión sobre la educación en Chile. Además, irrumpió la demanda por una nueva Constitución. Todo está relacionado. Hay un proceso político de articulación de demandas sociales que puede llegar mucho más allá. Por ejemplo, el movimiento de 2011 comenzó por algunas quejas relativas al pase escolar, pero no fue un movimiento social por el pase escolar. Fue por la educación superior, pero en realidad fue por la educación como derecho social. Y el paso siguiente fue por una nueva comprensión de los ciudadanos en el espacio público. Eso es acumulación política.

 

¿Podríamos pensar, entonces, en que sí hay una posibilidad de resolución del descrédito político?

– La pregunta es cómo se va a producir esa resolución, si por las buenas o por las malas. Creo que la mejor manera es la propuesta de los diputados de la bancada por la Asamblea Constituyente, quienes presentaron un proyecto de moción parlamentaria para permitir la convocatoria a un plebiscito constitucional. Sería un paso importante para superar la neutralización del sistema político. Si esto no se hace, los cambios se pueden producir por la ‘vía italiana’. En Italia, el problema político también comenzó con investigaciones de la justicia, que terminaron con todos los partidos políticos tradicionales y con Berlusconi en el poder. Esa es la otra manera.

 

El populismo…

– Si la modalidad institucional de representación se desacredita completamente, lo único que va quedando es una modalidad no institucionalizada, donde un líder se conecta conmigo directamente, no a través de las reglas de representación democrática.

 

¿Un caudillo que apela a las emociones?

– Un personaje que explota ese vínculo directo entre él y cada ciudadano.

 

Algunos sostienen que Chile estaría inmune a ese tipo de caudillos…

– Claro, tal como en agosto de 1973 cuando decían que los golpes de Estado ya no ocurrían en Chile. No estamos inmunes al populismo.

 

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FINANCIAR LA GRATUIDAD

 

¿Están en riesgo algunas de las reformas del gobierno de Michelle Bachelet en este contexto político, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior?

– Lo interesante de esta discusión es qué consideramos como gratuidad en la educación superior. O sea, el problema no está en la respuesta, sino en entender la pregunta. Esto es un ejemplo del período político que estamos viviendo, donde no importan solamente las soluciones, sino también la manera de entender los problemas de política pública.

 

¿En este caso, la discusión es en torno a cómo se conceptualiza la gratuidad?

– Exactamente. Es importante saber de qué hablamos cuando decimos gratuidad. Para El Mercurio, por ejemplo, la gratuidad es simplemente responder a un grupo de presión: los estudiantes. Yo no diría eso sobre la gratuidad. Creo el sentido de la gratuidad es evitar que la educación se venda en el mercado. Es sacar la educación del mercado. Para que eso ocurra, la educación debe ser gratuita.

 

Es decir, cambiar la noción de que la educación tiene un precio y que se puede transar como una mercancía…

– Así es. En la lógica actual, yo compro educación pagando un precio, y da lo mismo si lo pago al contado o a través de un crédito, tal como se puede comprar un refrigerador. Por lo mismo, lo importante de la gratuidad es que la educación ya no es vista como una mercancía. Para eso, la gratuidad tiene que ser total.

 

Una propuesta es que las universidades se adscriban a un régimen de gratuidad…

– Ésa es una solución típicamente neoliberal. Proponer que la gratuidad va a funcionar en base a un convenio, donde algunas universidades se suman y otras quedan fuera, es la peor solución de todas. Con esto se trata de reproducir en el sistema universitario la misma estructura que hay en el sistema escolar: universidades públicas, privadas subvencionadas y privadas pagadas.

 

¿Por qué es una mala idea un convenio de gratuidad?

– Porque la lógica de los derechos sociales es que sean universales. Si hay gratuidad, tiene que ser gratuidad para todos los estudiantes en todas las instituciones. El sentido de la gratuidad solo se logra si es genuinamente universal. Entonces, la pregunta es de dónde salen los recursos para eso. En el contexto actual, la única posibilidad es un fondo que se financie con las contribuciones de quienes fueron a la universidad.

 

Un impuesto al profesional que estudió gratis…

-Creo que esa es la mejor solución, pues hace posible la gratuidad real. La crítica que yo recibo de vuelta es que se trata de gratuidad con letra chica. Es una crítica absurda, porque se confunde créditos con impuestos. La cuestión es que debemos diferenciar a los créditos de los impuestos.

 

¿Por qué se tiende a confundir créditos con impuestos?

– Porque pensamos en la lógica neoliberal de que los impuestos siempre son precios. Pero los impuestos no son precios, son contribuciones. Es la manera en que cada uno contribuye a un emprendimiento de todos los ciudadanos. Si yo recibo un crédito, mi deber es devolver lo que yo recibo más la tasa de interés. La lógica de un impuesto es completamente distinta, porque yo no pago según lo que recibí, sino que pago según mi capacidad contributiva. Los impuestos están calculados en referencia a lo que yo puedo pagar.

 

Pero no solo hay una tensión conceptual, existen también cuestionamientos operacionales, como por ejemplo, que la gratuidad partiría con un déficit millonario…

– No es un déficit, es un costo de puesta en marcha. Es curioso, porque quienes se oponen al sistema de impuestos son partidarios ahora de un crédito contingente al ingreso. Ellos dicen que la educación no es gratuita, porque siempre se trata de un crédito y la única diferencia es que hay un subsidio para el más pobre.

 

Otro argumento en contra del impuesto a los profesionales es que supuestamente muchos estudiantes no se titularían para evitar el pago de la contribución…

– El mismo problema existe para el crédito contingente al ingreso. Hay que decidir desde cuando se empieza a devolver. Pero es más importante insistir en la idea de un fondo que se financia con todos quienes estudiaron gratuitamente. Es un sistema de reparto invertido. En un sistema de pensiones solidario, primero uno contribuye y después recibe. Aquí, un estudiante primero recibiría y después contribuiría.

 

¿Es factible este tipo de gratuidad en la educación superior?

– El drama es que creo que no. Esta fórmula recibe fuego cruzado: ataques de la derecha y de la izquierda. La derecha se opone a este sistema, porque financiar la educación con cargo a los impuestos es sacarla completamente del mercado y ellos quieren mantener la lógica del mercado. Y la izquierda dice que es gratuidad con letra chica, que es un nuevo engaño. Entonces, la gratuidad basada en impuestos tiene poca viabilidad política. Por lo tanto, el gobierno tendrá que financiar la gratuidad con los recursos disponibles. Esto quiere decir que no va haber gratuidad universal y se cumplirá estrictamente lo que dice el programa: gratuidad para el 70 por ciento más pobre y convenios con las universidades.

 

¿O sea, no será educación gratuita como derecho universal?

– Es una desgracia, porque es posible hacerlo, pero el gobierno sabe que vendrá rechazo tanto de la derecha como de la izquierda.

 

*Publicado en El Paracaídas #7

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