DSC00031

ÉTICA PÚBLICA Y MORALIDAD

Share Button

Por Marcos García de la Huerta*

Cuando Portales señalaba que Chile carecía de “virtud cívica”, lo que echaba de menos era una de las condiciones de existencia de la república. Es lo público lo que está amenazado, agregaba, por “la manía que hay en mi país de no servirlo sino por interés”. Hoy hemos aprendido algo más al respecto: sabemos que no se trata solo de una “manía”. En todo caso, esa carencia de ethos cívico se ha solido suplir con Estado y autoridad, es decir, con presidencialismo y dominación. Llamaremos “portaliana” esta respuesta, pues enfatiza el papel del sujeto-presidente, como encarnación del Estado. Este predicamento, me parece, no responde al problema de crear ciudadanía; trasunta una idea de virtud permeada por cierto moralismo. Es Andrés Bello, a mi juicio, quien intentó procurar una respuesta integral a la necesidad de formar ciudadanos. Él desarrolló una estrategia más política, diríamos, para atacar la falta de virtud cívica, de ética pública, o como quiera llamársele. Como buen ilustrado, pensó en un sistema legal y en un sistema de educación pública.

A pesar de que en la filosofía práctica de Kant también predomina el moralismo, él procura a esta misma cuestión una respuesta que sin mayor dificultad podemos asimilar a la de Bello. El verdadero problema de la moral pública, según Kant, es constreñir al hombre a “ser un buen ciudadano aunque no esté obligado a ser moralmente un hombre bueno”. Un Estado debe constituirse de modo que funcione aún para “una raza de demonios”, señala. “No es la moralidad causa de la buena constitución del Estado, sino más bien al revés: de esta última hay que esperar la formación moral de un pueblo”. Un hombre de bien solo puede ser buen ciudadano en una ciudad buena o bien constituida.

Me parece que cuando se afirma que “las instituciones funcionan” se escamotea un tanto el problema, y se dice una verdad a medias, porque ante todo importa que funcionen bien. Otro tanto vale cuando se afirma que “Chile no es un país corrupto”, porque los actos de corrupción, que se suponía “puntuales”, “aislados” o episódicos, no lo eran tanto. Quizá tampoco sean sistémicos, pues hay instituciones que funcionan con suficiente probidad.

Respecto a la carencia de virtud ciudadana o de ética pública, es pertinente invocar el momento fundacional, porque se trataba de crear un sentido de lo público, inexistente en los comienzos republicanos, debido a la falta de vida política. Pero la debilidad de lo público también puede ser resultado de la destrucción de lo público: es lo que ha ocurrido ahora, aunque venía siendo denunciado desde hace tiempo. La primera respuesta, la que enfatiza la autoridad y que llamamos para simplificar, alternativa portaliana, resulta contradictoria, porque recurre a lo mismo que se trata de restablecer. Pero la propuesta de salida institucional o alternativa Bello, también se mueve en  círculo, porque la violación de las leyes cuando viene de los mismos que las dictan, deslegitima la autoridad.

Suponer que una renovación de la ética pública va a surgir de las mismas instituciones deslegitimadas, parece ingenuo. Sin embargo, podría aducirse, que no hay una imposibilidad de principio, y es dable esperar que se produzca al interior de una institución, una revisión y enmienda, precisamente a raíz de una falla o defección. Los magistrados, pongamos por caso, durante la dictadura tuvieron una conducta deplorable y ahora aparecen como la gran carta de esperanza, al menos algunos fiscales han dado muestras de profesionalismo y celo. En casi todas las instituciones, por lo demás, hay una parte sana, o lo suficiente, que puede actuar como cortapisa de la “insana” o corrupta. No es imposible, entonces, imaginar que una restauración o enmienda semejante pudieran suceder en el sistema político. Dicho en términos kantianos: la ética pública es fruto en mayor medida de marcos institucionales y legales adecuados. Y la condición de posibilidad de la virtud individual, es ese Estado diseñado de tal forma que funcione incluso para “una raza de demonios”. Esta respuesta es sorprendente, porque desde el punto de vista de la moral, que predomina en la filosofía práctica de Kant, podría objetarse que son los hombres quienes hacen las leyes, no al revés. La metáfora demoníaca indica, al parecer, que Kant advirtió esa dificultad y pensó en leyes draconianas que establecieran las penas del infierno, de otro modo no se enderezarían las costumbres ni se formaría una sociedad digna y honrada.

Habría una tercera alternativa, que supone que es preciso rehacerlo todo. Se suele expresar como un deseo: “Que se vayan todos”. Pero no se trata solo de las personas; si es preciso un nuevo comienzo, éste ha de consistir en recurrir al constituyente o, como diría Carl Schmitt, a la decisión, al fiat inicial o acto de voluntad constituyente. Aunque el sistema se haya deslegitimado, no es posible hacer como si no existiese.

En el caso nuestro,  es fácil convenir que la demolición de la confianza pública no ha venido de súbito a raíz de los casos judiciales más recientes: éstos solo pusieron al descubierto algo que permanecía casi oculto. En este sentido, el nuevo escenario representa la maduración o desarrollo de una situación preexistente.

No vamos a descubrir ahora que la corrupción prosperaba en Chile. Si se hubiera privatizado Codelco, ¿no rivalizaría con SQM en el financiamiento de la política? ¿Se tienen que quemar los parques nacionales y las reservas de bosque nativo para caer en la cuenta del descuido en que se ha dejado el patrimonio público? ¿Son necesarios los aluviones y los incendios para descubrir que es preciso construir ciudades, no levantar poblados donde a cada vecino se le antoje? ¿Se tienen que desertificar provincias enteras para descubrir que privatizar las aguas traería secuelas? ¿Vamos a descubrir ahora el debilitamiento y la destrucción de lo público, cuando la política gira desde hace años en torno a la educación pública y la salud? Los déficits de políticas públicas en todas esas materias son expresión de la carencia de ética pública, es decir, de leyes adecuadas y de la capacidad y deseo de hacerlas cumplir. Autorizar la reelección indefinida, por ejemplo, es más fácil que prohibirla; más fácil permitir la fiesta de los gastos electorales de más de ocho ceros por cabeza, que regularlos, más fácil fijarse sueldos y asignaciones millonarias, que determinarlos de acuerdo al nivel de ingresos del país. Más fácil establecer multas irrisorias a las empresas que se coluden, estafan a sus clientes o defraudar al fisco, que hacer leyes disuasivas. Las existentes, entran ventajosamente en el cálculo del costo beneficio y estimulan el delito; en fin, más fácil autorizar el paso de los directorios de las empresas a los ministerios y de éstos a los directorios, que regularlo. En estos traslados, permutas, cambios y enroques, nunca nadie ha dicho: “perdón, me inhabilito”, y no va a ocurrir si nada lo impide.

Legislar como gremio o con criterio corporativo es una condición de imposibilidad de la ética pública y de la credibilidad. Se minimiza, pues, el problema si se pretende que es el “financiamiento de la política” únicamente lo que está en liza. No; es una legislación que ha estimulado la formación de una trenza entre política y negocio, que ha consolidado un nexo entre la “clase” política y la “clase” empresarial. No deja de ser significativo que la palabra elite haya caído en desuso, reemplazada por estas otras, que son evidentemente inadecuadas.

Permítanme un último ejemplo; con la perspectiva que da el tiempo, la destrucción de la Universidad pública aparece como la fase previa, preparatoria del ataque privatizador: el lucro se impuso entre nosotros a punta de bayoneta. La mayor ironía, y la hipocresía, fue su prohibición legal: fue como prohibir el consumo de pollo y dejar al zorro a cargo del gallinero. La prohibición era la máscara, la autorización el verdadero rostro. Pero abrir la educación a la inversión privada es una cosa, y dejar que sea el mercado quien decide, es otra muy diferente. Esto último significa extender la lógica mercantil al conjunto del sistema. El autofinanciamiento, al suprimir el aporte directo del Estado, dejó al mercado en posición hegemónica. Ese aporte, se dice, es “injusto”, es “un subsidio a los más ricos” ¿Por qué duele tanto un subsidio a la educación? Se subsidia a los bancos, a las AFP, a las Concesionarias, a las instituciones de la defesa y desde luego a la “clase” política. Los teóricos de la privatización procuran una respuesta menos hipócrita. Friedrich Hayek, por ejemplo, escribe: “no cabe mayor peligro para la estabilidad política de un país, que la existencia de un auténtico proletariado intelectual sin oportunidades para emplear el acervo de sus conocimientos”. Lo cierto es, que de haberse conjurado a tiempo esa injusticia, jamás habrían existido universidades nacionales en nuestro continente. Si Andrés Bello se hubiera preguntado: ¿Se financiará? jamás habría creado la Universidad de Chile. La pura lógica económica no sirve de nada cuando los beneficios son incalculables. Digámoslo con franqueza: con la racionalidad económica sola, nunca se habría creado este país, que se sostiene básicamente liquidando sus riquezas naturales. Y eso es como procurarse el sustento  vendiendo la sangre.

 

*Doctor en Filosofía. Profesor Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile.

 

*Publicado en El Paracaídas #7

Share Button