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LA INCERTIDUMBRE DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES

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Uno de los ejes del programa de gobierno es que el país se encamine a la gratuidad universal en educación superior. El anuncio del 21 de mayo, como primer paso a esa meta, deja más interrogantes que certezas, como por ejemplo, qué idea de sistema hay detrás, cómo éste entregará directrices sobre el modelo de desarrollo del país, y especialmente, en qué pie quedan las casas de estudio del Estado en este marco.

 

Por: Natalia Sánchez M. y Francisca Palma A.

Ilustración: Leo Ríos

Fotos: Alejandra Fuenzalida

 

Para Alejandro Leal -18 años, alumno de cuarto medio en un particular subvencionado de Lo Espejo- y su familia, el anuncio presidencial sobre gratuidad universitaria fue una importante noticia. Más bien crucial. Aunque para Alejandro, que está en un preuniversitario y quiere estudiar arquitectura, la información ha sido confusa y no ha llegado por fuentes claras.

 

En su discurso del 21 de mayo, la presidenta Bachelet anunció que desde el 2016 la gratuidad estará asegurada para el 60 por ciento de los estudiantes –nuevos y antiguos- más vulnerables en las instituciones del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), de las cuales 16 son estatales y 9 son tradicionales, pero privadas, además de institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro. La medida inmediatamente abrió un debate sobre cuáles serán las instituciones que accederán a ella, bajo qué criterios se seleccionarán, qué pasará con las demás universidades privadas y cuál será el marco regulatorio que se les exigirá para plegarse a la gratuidad.

 

La definición de estas preguntas, explica Víctor Orellana, investigador de la Fundación Nodo XXI y del Centro Avanzado de Investigación en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, se hace compleja en nuestro país. “En Chile las lógicas de la privatización colonizaron a las instituciones del Estado y fueron obligadas a autofinanciarse. Creo que en el programa del gobierno no está claro si se quiere salir de esto o a través de subsidio y regulación estatal ir resolviendo los problemas más bizarros de ese mercado”.

 

“Si tú prohibes el lucro con recursos públicos eso no significa mecánicamente que avance la educación pública o que estás saliendo del mercado educativo en el que nos metimos. Esa es la incertidumbre”, dice Orellana.

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EL CRITERIO CRUCH

 

Álvaro Cabrera, coordinador del equipo técnico de la División de Educación Superior (DIVESUP) del ministerio de Educación, explicó que elegir un grupo de universidades para comenzar no ha sido una tarea fácil, pero “si estamos hablando que efectivamente queremos movernos de un paradigma de financiar estudiantes a financiar instituciones que cumplan ciertos requisitos, el grupo del CRUCH, en general, está mucho más cerca de ellos”.

 

Pero como ha detallado Francisco Martínez, Jefe de la DIVESUP, la elección del CRUCH representa sólo un criterio de “elegibilidad”, es decir, que de ese sector del sistema, las universidades que se plieguen a las condiciones de la política de gratuidad podrán acceder a ella. La pregunta sigue siendo cuáles van a ser esas condiciones.

 

Mathias Gómez, investigador de Política Educativa de Educación 2020 plantea que la fundación no estima que el CRUCH sea un buen criterio para seleccionar a las universidades, “porque no tenemos tan claro qué es lo que hace distinta a una universidad del CRUCH. Hay mucha diversidad: hay buenas universidades para los dos lados”. Destaca que uno de los criterios que debería haber primado es un porcentaje de estudiantes vulnerables, “que las universidades se preocupen de tener una diversidad a su interior, algo que nosotros también valoramos como parte de lo que significa calidad en educación”.

 

“Se ha incluido un criterio que no tiene ninguna justificación. Si lo que se busca es ayudar a jóvenes con condiciones vulnerables y mérito académico, y si ese es el criterio, no se entiende por qué se crean dos castas de jóvenes; una con un privilegio especialísimo y otra que, en cambio, teniendo las mismas características no va a tener acceso a esa oportunidad”, dice el investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación y académico de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner.

 

Brunner plantea que en la política de gratuidad de la educación superior, “el corte no hay que ponerlo en dónde los estudiantes estudian, sino que hay que ponerlo en función de las reales necesidades socioeconómicas”. El anuncio “muestra en la reforma una vez más un grado bastante alto de improvisación, en el sentido de que está técnicamente mal fundada, políticamente su objetivo se revirtió”, asegura.

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GRATUIDAD Y COMPETENCIA

 

Ingrid Cuevas, mamá de Alejandro Leal, está preocupada porque “no se ha explicado cómo sabremos si es del 60 por ciento. No sé si por la suma de mi sueldo y el de mi marido -que son aproximadamente 500 mil pesos-, podrá acceder”. De pertenecer a ese porcentaje más vulnerable, Alejandro será un gasto menos para su familia, la que dispondrá de “más recursos”.

 

El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Dante Contreras, plantea que lo que viene de la mano de la gratuidad es que “le estás aumentando el ingreso disponible a un montón de familias de Chile. Eso también es un efecto igualizador, es una mejora en los ingresos disponibles en las familias y por lo tanto es una mejora en bienestar. Eso va a generar que el ingreso per capita disponible de esa familia se incremente y por lo tanto el espacio de posibilidades de consumo en otros bienes se va a ver incrementado”.

 

El sistema universitario chileno está basado en la competencia por los estudiantes, quienes a partir de su elección, se llevan su financiamiento o “voucher” a las instituciones que, por diversos motivos, han preferido. Considerando que esta reforma modificará ese enfoque a un financiamiento a la institución – es decir, a la oferta-, esta competición podría variar.

 

Para Mathias Gómez uno de los puntos favorables es que “permite que se rompa un poco esta competencia por los estudiantes en cuanto a financiamiento” por lo que las instituciones deberían “concentrarse más en temas de educación, en diferenciación, que avancemos a tener muchas instituciones de calidad y que la elección del estudiante sea por los valores que tiene la institución, por la impronta, por la composición que tiene”.

 

Para el Rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, la gratuidad producirá cambios en la mentalidad de las personas. “Ya no vamos a competir entre las instituciones, sino que vamos a velar como universidades públicas por entregar una oferta de calidad, pertinente, en áreas donde el país requiere su desarrollo, no solo en la formación profesional, sino en lo que le es propio a la universidad: su investigación”, explica.

 

Según Víctor Orellana, mientras no se imponga una lógica colaborativa, la competencia en el sistema no terminará. “La colaboración implica definir papeles, en qué voy a colaborar, qué voy a hacer. Mientras no haya eso lo único que hay de posibilidad es competencia: cada uno se salva solo”. En ese sentido, las definiciones sobre la orgánica del sistema resultan fundamentales para pasar verdaderamente a un “cambio de paradigma”, como han definido algunos actores este paso a la gratuidad.

 

EL FUTURO DE LAS ESTATALES

 

La reforma a la educación superior creará dos nuevas universidades del Estado –en las regiones de O’Higgins y Aysén- y quince centros de formación técnica, establecimientos que engrosarán el número de instituciones estatales. Si estas instituciones se suman a las 16 ya existentes en la misma lógica actual de subsidio y de destinarlas a competir en el mercado de la educación superior, puede que corran la misma suerte que sus pares: las de vivir en condiciones económicas muy poco óptimas.

 

Tanto así que para el rector de la Universidad de Talca significa un logro que “universidades como la nuestra, que surgió en un ambiente de plena competencia y con las manos atadas, pudimos dignificar lo que el Estado hace: educar con calidad a jóvenes que de otra forma no podrían haber estudiado en nuestro país”. Por eso para Álvaro Rojas, encaminarse a la gratuidad significa para la universidad pública “volver a lo que Chile en parte importante del siglo XX. El Chile republicano se forjó en gran medida gracias a la educación gratuita, pública”.

 

Pero ante el discurso de “un trato preferente del Estado con sus universidades” -que tampoco ha sido visualizado en esta etapa de anuncios- Víctor Orellana es más enfático a que éste debe más bien ser “un trato coherente”. En esa línea, tal como el Estado financia sus ministerios “por sus costos y no por su precio, debe hacerlo de la misma forma con las universidades estatales”.

 

Si a este argumento sumamos el que la gratuidad debe financiar a los sectores más vulnerables de la población, esta sería otra razón para entregar más recursos a las universidades estatales. Esto porque son las instituciones que poseen el más alto porcentaje de estudiantes provenientes de establecimientos municipales y particulares subvencionados. Por ejemplo la U. de los Lagos posee un 55,4 por ciento de estudiantes de este primer sector; la U. de Magallanes un 41,5 y la U. de Talca un 41,1.

 

Pero el Mineduc ya ha esbozado una dinámica de financiamiento -a determinarse en el marco de la ley que entrará al parlamento- desplegado en el entendimiento que existen tres tipos de instituciones: estatales, privadas con aportes públicos y privadas sin aportes públicos. Para la transferencia por gratuidad para el financiamiento a la docencia, tendrán acceso sólo los dos primeros grupos de universidades. Otro ítem al cual podrán acogerse estos dos grupos son las transferencias por desempeño, basado en evidencias de la institución e indicadores, además de la rendición de estos fondos por parte de las universidades. Otra línea destinada a estas casas de estudio respecta a concursos del ministerio, con la finalidad de que puedan financiar las otras áreas del quehacer universitario: la investigación y la vinculación con el medio.

 

Donde preliminarmente sí habría cabida a las tres tipologías de instituciones es a otros tipos de fondos concursables ofrecidos como los de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt), al igual que las becas que ofrecen para el financiamiento de postgrado.

 

En esta distribución de recursos el único ítem al que podrán acceder sólo las instituciones estatales es el de “transferencia por compromisos”, dineros destinados a potenciar aspectos más específicos como la apertura de carreras en ciertas zonas del país desde el punto de vista de objetivos estratégicos. Esa línea operaría en un primer momento, según explica Cabrera, “como un fortalecimiento o una especie de nivelación hasta un nivel aceptable al conjunto de instituciones del Estado que en algunos pasa únicamente por recursos, pero en otras pasa por recursos y por capacidades humanas” o de gestión administrativa.

 

Además, como no es lo mismo hacer gestión universitaria en la capital que en las zonas extremas, los rectores de las universidades estatales de regiones han planteado la necesidad de incluir este factor a la hora de determinar los fondos para sus instituciones, situación que sí ha sido mencionada por el ministerio como factor a considerar.
Pero esta modalidad de repartición puede modificarse a lo largo de la discusión de la ley, ya que estos recursos comenzarían a distribuirse luego de la aprobación del cuerpo legal, del que tampoco se sabe si terminará siendo un solo cuerpo legislativo, acompañado de infinitas minutas técnicas o si será mediante una serie de leyes. Todas las instituciones quedan a la espera de este proyecto de ley que responderá muchas de las dudas que han quedado abiertas tras el anuncio. A esperar.

 

 

 

¿Qué pasará con los CFT y los IP?

 

Para muchos sectores, que el anuncio de gratuidad contemplara a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales resulta preocupante, no por un dejo discriminatorio, sino que por el actual estado del subsistema de este tipo de instituciones, que sería el más desregulado.

Para la diputada Yasna Provoste la mayor preocupación es que “un anuncio que puede resultar muy importante, se traduzca -si es que esto no va aparejado a otras reformas legales-, en letra muerta”. Similar opinión tiene Mathias Gómez, para quien “entregar recursos del Estado a todo este sistema es entregar recursos a un saco sin fondo”, si es que no se explicitan, con mayor razón, las condiciones para este sector.

Víctor Orellana hace resaltar otra paradoja del sistema: “el Estado crea 15 CFT pero sigue financiando a la competencia, entonces el Estado termina compitiendo consigo mismo. Eso es irracional. No es que eso sea injusto o poco democrático. Eso no resiste un argumento técnico”.

 

*Publicado en El Paracaídas #8

 

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