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CONSTRUIR UN MODELO UNIVERSITARIO PARA CHILE, UNA TAREA URGENTE

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Por Raúl Atria B.*

 

Hoy somos testigos y actores de un gran debate sobre el tema de la educación y, en particular, sobre la educación superior. En ese contexto, el tema de la educación superior estatal pasa a ser un eje central en el debate sobre las políticas públicas adecuadas para dar sentido y coherencia al sistema de educación superior.

 

El tema comprende varios subtemas interrelacionados, tales como: sentido y justificación de la educación superior pública, características propias de un sistema estatal de educación superior, experiencias internacionales comparadas, los subsistemas de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, financiamiento del sistema, aseguramiento de la calidad, acceso de los estudiantes al sistema, carácter nacional de la educación superior estatal.

 

Para empezar a abordar esa nutrida agenda, es pertinente poner el acento en algunos problemas estructurales que inciden en ella y que traspasan largamente las particularidades de las coyunturas en que se desenvuelven los principales actores involucrados en la educación superior, como son por ejemplo, las movilizaciones estudiantiles y sociales que levantan banderas y demandas de reforma y transformación de la educación superior y exigen un rol proactivo del Estado para dar respuestas efectivas a esas demandas.

 

Desde una perspectiva más sustantiva que gerencial del sistema, la mayor parte de esos problemas se relacionan con la educación superior “pública”, entendiendo por ésta a aquella que aspira y se compromete a existir y proyectarse más allá del mercado.

 

Entre estos problemas urgentes está revertir la cada vez más tenue distinción entre la educación superior pública y la privada. En la fase de masificación avanzada al estilo chileno, la distinción privado/público en el campo de la educación superior es cada vez más retórica que real y ya no permite especificar con nitidez distintos perfiles instituciones, pues todas ellas están empujadas a adaptarse de manera similar a un entorno altamente privatizado en el mercado académico y de las profesiones.

 

En buenas cuentas, en el caso chileno, el componente público de un sistema como el que se ha configurado en el país todavía puede rescatarse en el grupo de las 16 universidades estatales, que existen dentro de un conjunto que supera las 60 instituciones a las cuales habría que agregar las dos nuevas que se acaban de crear en Rancagua y Aysén. El problema crucial es cómo y en qué medida pueden darse las condiciones necesarias para la sustentabilidad académica, social y financiera de estas instituciones, para permitir que en su gestión y desarrollo ellas no se vean irremisiblemente obligadas a adoptar criterios propios de instituciones privadas.

 

Otro punto es el aseguramiento de ciertas tareas esenciales de la educación pública. A pesar del debilitamiento de la educación superior pública que ha ocurrido en nuestro país, es de la esencia de ésta última el hacerse cargo de las orientaciones fundamentales hacia el mérito y la equidad. En concreto, esto implica resolver la tensión entre la inversión en mérito y el gasto en equidad.

 

Por otra parte, es también propio de esta educación hacerse cargo de modo preferente de la producción de bienes públicos, lo cual implica, también en concreto, resolver la tensión entre programas con alta valoración en el mercado de las profesiones y actividades y programas con alto retorno social pero con bajo retorno económico, que están fuera de ese mercado. El Estado debe proveer de reglas y recursos para el logro de esas orientaciones fundamentales.

 

El embudo del acceso: aminorada la presión poblacional de la demanda debido a la dinámica de la transición demográfica, se nota tal vez con más claridad en esta fase de masificación avanzada el arrastre inercial que proviene de la educación media y que cuestiona gravemente la equidad efectiva en el acceso al sistema.

 

Mientras persista la porfiada correlación entre el puntaje de la prueba nacional de ingreso (PSU) y la condición socioeconómica del postulante, que está ampliamente documentada en el caso chileno, el sistema seguirá con un embudo de acceso discriminado que bien puede poner en entredicho la sostenibilidad social del sistema.

 

En este contexto es necesario abordar el tema de la gratuidad que es hoy prioritario en la agenda pública. La complejidad operacional de este tema excede los límites de este artículo. No obstante, nos parece que se pueden establecer como presupuestos básicos, que la gratuidad debe situarse en el nivel de las instituciones y no de los usuarios, que debe extenderse al pregrado y que tiene que comenzar en la educación superior estatal. Claramente estos presupuestos conllevan la necesidad de revisar toda la política de financiamiento basal al pregrado, así como la política y los instrumentos de financiamiento estudiantil y de determinación de aranceles.

 

Las disparidades de calidad de las ofertas de programas de formación es un problema que inescapablemente se presenta en sistemas con instituciones altamente segmentadas como es el caso chileno y es particularmente serio en el nivel del pregrado. Instituciones que se encuentran en las segmentos más precarios del sistema tienen que adoptar estrategias de sostenimiento y apuntalamiento institucional abriendo la matrícula a sectores de estudiantes con déficit de aprendizaje a los cuales no se le presentan alternativas de ingreso a otras instituciones que no sean de este tipo.

 

La acreditación institucional y de carreras y la reforma curricular de los estudios universitarios son temas claramente relacionados con los problemas de distribución desigual de la calidad que se presentan en la oferta de programas de pregrado. Con todo, es preciso revisar a fondo el sistema de acreditación hoy en vigencia, a fin de evaluar con rigor si ese sistema es el más apropiado dadas las condiciones en que se encuentra hoy la educación superior en el país. En este marco, es plenamente pertinente preguntarse hoy si es apropiado tener un mismo sistema de acreditación para instituciones estatales, públicas y privadas.

 

En cuanto a la especificidad y desarrollo de las universidades estatales, es necesario definir una política que asegure un espacio de existencia propio y pleno desarrollo de las universidades estatales en el contexto de un sistema altamente privatizado. Esto es hoy un imperativo de primer orden, pues es preciso que el Estado asuma la responsabilidad de estas instituciones que le son propias y que, al serlo, son de todos los chilenos.

 

Se trata de definir una estrategia institucional que las ponga firmemente fuera de la lógica del mercado y que permita a estas universidades cumplir con su misión indisolublemente ligada a la producción de bienes públicos, fortaleciendo sus capacidades y el rol orientador que la educación superior estatal está llamada a desempeñar en el sistema.

 

Para ello es urgente construir un modelo universitario estatal con financiamiento basal asegurado y apropiado, nacionalmente extendido pero con especificidades regionales, con amplia flexibilidad curricular y movilidad de estudiantes y académicos entre las instituciones, con revisión de sus políticas arancelarias y con diferenciación entre las universidades estatales de acuerdo a las áreas del conocimiento y de las profesiones donde hacen la apuesta por la máxima calidad.

 

En ese modelo todas las universidades estatales estarán llamadas a asumir los desafíos que les plantea la sociedad, pero las modalidades de sus respuestas deberán adecuarse a la diversidad institucional que las caracteriza.

 

En resumen, en la actual coyuntura, un avance en el sentido de construir con nitidez un “modelo” apropiado de universidad estatal, tendría un impacto señero en cuanto al desarrollo estratégico de todo el sistema de educación superior en Chile.

 

 

*Sociólogo, experto en Educación Superior. Vicedecano Facultad de Ciencias Sociales

*Publicado en El Paracaídas #8

 

 

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