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¿CUÁL GRATUIDAD?

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Por Jonás Chnaiderman*

 

En lo que respecta a educación superior, el gobierno ha mantenido en pie un horizonte de “gratuidad” y la interpretación más sencilla de eso es que quienes estudien no deberán desembolsar dinero ni endeudarse. En otro casillero del tablero político, el llamado “movimiento estudiantil” ha levantado la bandera de terminar con el “subsidio a la demanda” (becas para los clientes-estudiantes) y pasar a subsidiar la “oferta” (financiar instituciones-universidades) del proceso educativo. Y como era de esperarse, sin entrar a discutir las razones, el Mineduc le está proponiendo al país una “salida intermedia”: que los estudiantes no paguen, pero sin comprometer un financiamiento integral a las Universidades, ni siquiera a las que le pertenecen al Estado. Aclaro que los párrafos a continuación sólo atañen a la educación universitaria, puesto que lo referido a Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica tiene otras dimensiones de análisis.

Para entender esta discusión es necesario consensuar ciertas definiciones. Hasta hace pocos años en ningún lugar del mundo habría sido aceptable la definición de universidad como un lugar donde sencillamente se capacita a estudiantes, puesto que siempre dicho concepto incluyó las actividades de crear conocimiento y arte así como de extender su quehacer hacia la comunidad en la que está inserta. De ahí que el Estatuto de la Universidad de Chile explicite que está “dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura”. Solamente a partir de la imperiosa necesidad de masificar el acceso a la educación universitaria, en EEUU se inauguran las llamadas “Universidades Docentes”, que sólo capacitan estudiantes. Más allá de que pueda o no ser deseable que este tipo de instituciones existan, versus aumentar la matrícula de las “Universidades Complejas”, lo que no es debatible es que sería pésimo para el país contar sólo con Ues Docentes.

Así las cosas, vemos con espanto que esta nueva “gratuidad universitaria” podría consistir en que cada universidad reporte cuántos estudiantes por carrera va a titular cada año y en función de un misterioso algoritmo el Estado calcule una transferencia de recursos financieros para solventar el gasto de educar a dichos estudiantes. Se olvida así que cada académico comprometido en la educación de dichos estudiantes debe además arreglárselas para producir conocimiento de frontera y/o creaciones culturales, mostrarle al país dichas creaciones y ayudar al aparato estatal a lidiar con complejos problemas que no es capaz de tratar por sí solo.

A modo de ejemplo, un especialista en Salud Pública debe participar en la formación no sólo de profesionales a nivel de pregrado sino que debe ser capaz de aportar en la educación de nuevos especialistas con grados académicos de magister y doctorado. Pero además, nuestro especialista debe permanentemente buscar nuevas áreas de conocimiento para explorar problemas vigentes de la salud, algunos de los cuales pueden o no estar financiados por otras instituciones; esa búsqueda del nuevo conocimiento es la garantía de que la actividad docente de nuestro especialista sea de calidad, pertinente y aporte al país sin quedarse rezagado en el conocimiento. Por otro lado, cada cierto tiempo nuestro especialista será invitado a dar charlas tanto a audiencias ilustradas como a público general, actividades por las cuales usualmente no sólo no recibirá dinero sino que deberá desplazarse por sus medios. Finalmente, no faltará la ocasión en que nuestro especialista sea invitado por comisiones del ministerio de Salud ó del Congreso Nacional para que su opinión sea considerada en la elaboración de proyectos de ley, informes técnicos o políticas institucionales de salud.

Todas esas actividades ocurren y tienen costos que hoy absorben las universidades que se “autofinancian”, es decir, hacen quién sabe qué tipo de malabares para generar recursos. Pero el problema es que varias de las universidades del Estado, y en particular las áreas más humanistas, no están logrando autofinanciarse sencillamente porque no se puede y el dilema pasa a ser: o se logra financiamiento estatal o se desaparece. Sencillamente tenebroso.

Pues bien, lo que sería desastroso –y contrario a cualquier experiencia internacional– es que la solución del Mineduc sea querer financiar todas esas actividades institucionales de manera atomizada segmentando el quehacer universitario como si fuera posible desmembrar la docencia de la creación o la investigación de la extensión. Financiar las instituciones significa darles un presupuesto determinado que de modo razonable permita cumplir con metas acordes a dicho financiamiento. Como las Universidades Complejas ya están cumpliendo ciertas metas (nadie puede desconocer el liderazgo y la productividad de la Universidad de Chile, por ejemplo), es más que razonable que la universidad sea la que estime cuánto cuesta cumplir dichas metas adicionales a la educación de pregrado y posgrado y que si el Estado quiere que esas metas se sigan cumpliendo, entonces garantizar la transferencia de los recursos que permitan mantener dichas metas.

Enfrascarnos en querer medir de manera permanente cuánta investigación se está haciendo ó cuanta extensión una universidad realiza para poder sacar números e indicadores es invitar a aumentar el aparataje administrativo burocrático de las instituciones además de correr el riesgo de que las actividades sean todas moldeadas por la “indicadoritis” de moda, tal como ocurrió desde la década de los ‘90 con los indicadores usados para financiar la educación escolar (asistencia y matrícula) llevando a que las salas de clases de los colegios subvencionados tuvieran hasta 60 alumnos por clase y falseando toda la asistencia del año.

Efectivamente el financiamiento integral de los aparatos estatales (ministerios, intendencias y universidades) presenta el riesgo de que una fracción de los recursos no sea tan productivo (si no veamos la productividad de los honorables en el Congreso), pero ese es un fenómeno previsto y delimitable inclusive en los países desarrollados, en donde prefieren pagar dicho precio antes que estar creando una instancia de medición para cada cosa que hace cada empleado en cada oficina de cada servicio de cada ministerio.

La Universidad de Chile tiene una resiliencia demostrada que la llevará a resistir esquemas de financiamiento tecnocráticos y poco realistas, pero sería lamentable que por ese tipo de decisiones la calidad de la formación de nuestros futuros profesionales sea afectada. La gratuidad de la educación universitaria no se refiere solamente a quién paga el arancel: se trata de eliminar el concepto de arancel, por lo tanto sería bueno que de una vez por todas el Mineduc nos aclarara, ¿cuál gratuidad va a contemplar su proyecto de ley para reformar la educación superior?

 

 

*Académico del Programa de Virología. Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. @jchnaide

*Publicado en El Paracaídas #8

 

 

 

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