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EL CAMINO HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

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Estado garante de derechos o Estado plurinacional son nociones de lo que Chile hoy no es, pero podría llegar a ser. Tras el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de un misterioso “proceso constituyente”, el debate público se ha centrado en el mecanismo más que en el contenido de las transformaciones, aunque todo pareciera remitirse a dos principios: participación y legitimidad. Expertos, intelectuales y dirigentes sociales entregan sus visiones.

 

Por: Jennifer Abate, Simón Boric y Natalia Sánchez

Ilustración: Leo Ríos

Foto: Felipe PoGa

 

 

Rodrigo Villablanca, líder de la comunidad diaguita Sierra de Huachacán, en la parte alta del Valle del Huasco, región de Atacama, dice que en la cuenca del valle el derecho al agua se ha sobreotorgado más de tres veces la cantidad que trae el río; en Copiapó es ocho veces.

-Eso ha generado, evidentemente, que el río se seque, como es el caso del río Loa o el río en Putaendo, que no existe hace seis años- asegura.

La lucha de Villablanca es por evitar el olvido de un derecho fundamental que en el país funciona a medias: en Chile, el Código de Aguas lo considera un bien social, pero también económico. Es el Estado quien concede el derecho de aprovechamiento del agua a los privados, gratuita y perpetuamente.

 

Frente a esa legislación, para qué hablar sobre una planificación de utilización del recurso de manera estratégica. El panorama es similar para los derechos sindicales, la vivienda, y los derechos de los pueblos indígenas. Ninguno está garantizado en la constitución de 1980. Otros, como el derecho a la educación y la salud están garantizados sólo en parte.

 

En educación, por ejemplo, se asegura la posibilidad de elegir entre el sistema público y el privado, pero nada se dice de la calidad o del acceso preferente que debieran tener los sectores más vulnerables. “Queda a medio morir saltando el derecho, que es justamente una de las cosas que han levantado los estudiantes en los últimos años. La calidad de ese derecho y el derecho de todas las personas a acceder en igualdad de oportunidades”, sostiene Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

 

Una constitución elaborada en dictadura, sin participación ciudadana. Menos, democrática. En Chile, nunca un proceso constituyente ha sido soberano o deliberante. Frente a este anuncio presidencial, el país la oportunidad de contar por primera vez con una constitución legítima.

asamblea

CIUDADANÍA RESTRINGIDA

 

La historia constitucional chilena es poco alentadora. Todas las constituciones, “desde los reglamentos constitucionales de la Patria Vieja hasta la constitución actual, han sido fruto de los consensos en el seno de las elites dirigentes, de la clase dominante y la elite política”, dice Sergio Grez Toso, historiador, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y miembro del Foro por una Asamblea Constituyente.

 

Las tres constituciones más importantes, explica Grez Toso, de 1833, 1925 y 1980, han sido elaboradas en un contexto “de ciudadanía restringida -con sufragio censitario, exclusión de las mujeres, de los analfabetos-, exclusión de los derechos políticos y, además, por imposición de la fuerza militar”.

 

A la fecha, la carta fundamental de 1980 ha tenido más de 190 indicaciones que no han modificado su esencia, la conformación de un Estado subsidiario. “Un traje hecho a la medida del modelo neoliberal que no ha cambiado desde 1989”, remarca Grez.

 

Los que hicieron esas modificaciones, destaca Davor Harasic, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fueron “los partidos políticos que están hoy día tremendamente desprestigiados con razón o sin razón, pero que son el fundamento de una democracia, entonces no es solo su problema de legitimidad en su nacimiento, sino que es el modelo de consagrado”.

 

Durante la campaña presidencial del 2013, todos los candidatos tuvieron que definir posturas frente a la demanda social de un cambio constitucional. Michelle Bachelet incluyó en su programa de gobierno un proceso constituyente para el año 2015, aunque sin definir el mecanismo a utilizar. Precisamente por esa ambigüedad, que fue reafirmada en el anuncio presidencial del 21 de mayo, distintos sectores políticos y sociales han reactivado el debate en torno a las distintas fórmulas posibles.

 

Para algunos, como el socialista Leonardo Soto, presidente de la Comisión de Constitución, legislación y justicia de la Cámara Baja, la presidenta “está en lo correcto” al no hablar de un mecanismo específico. “No creo que esta constitución se deba generar desde La Moneda hacia todo el país, hacia los ciudadanos, sino que tiene que ser al revés”. Soto pertenece a la bancada transversal por la asamblea constituyente, conformada por más de 55 diputados y otros tantos senadores.

 

Pero para otros, como Francisco Soto, abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que participó de la comisión que trabajó el programa de Bachelet, resultó sorprendente que “si todos los partidos ahí presentes defendían en su momento, y casi públicamente, el mecanismo de asamblea constituyente, este no haya sido el mecanismo consagrado en el programa”.

 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

 

Si bien en Chile aún suena como una alternativa extrema para los sectores más conservadores, las investigaciones de CUAL? Soto sobre asambleas constituyentes en la región indican que de los 18 países de América Latina, 11 constituciones han implementado una AC o la han regulado como mecanismo de reforma constitucional. Soto, promotor de la asamblea constituyente, ha impulsado un proyecto de reforma constitucional que busca consagrar el plebiscito constituyente y que actualmente está en tramitación en la misma comisión del Senado.

 

Otras opciones que han aparecido al debate y que también suman muchas adeptos son la del nombramiento de un panel de expertos, ya sea designados por el Ejecutivo, escogidos por el Parlamento o por votación ciudadana; una comisión bicameral integrada tanto por diputados como por senadores para estudiar los cambios a la constitución y someterlos posteriormente a la aprobación del Congreso; y cabildos abiertos, que en la práctica serían reuniones en diversos lugares del país que permitirían recoger la opinión de las personas, para luego ocupar esos insumos en la elaboración formal de un texto de nueva constitución.

 

Gonzalo Díaz, académico de la Facultad de Artes y Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, considera que no habrá verdaderas transformaciones en el país sin la modificación radical de la constitución política. “Una asamblea bicameral solo sería aceptable bajo una constitución democrática. Las comisiones de expertos deberán estar al servicio de la asamblea constituyente. La fórmula sería una asamblea constituyente con comisiones de expertos a su orden y con los fumaderos de opio al lado de afuera”, ironiza el artista plástico.

Sergio Grez considera que “si el mecanismo elegido es la comisión bicameral, la comisión de expertos nombrada a dedo por el poder, una mezcla de ambas, así fuese mediante una ratificación final plebiscitaria en el cual la ciudadanía estaría llamada a pronunciarse en bloque, por un paquete, sí o no, puedo asegurar que el cambio constitucional no va a ser más que un retoque, un maquillaje cosmético del actual sistema político”.

 

Lorena Fries afirma que como Instituto no se han pronunciado por un mecanismo, pero “hemos dado algunos elementos que nos parece que son claves para elegirlo. Lo primero es que debe gozar de confianza ciudadana, sobre todo en el contexto actual donde el Congreso está bastante deslegitimado y los partidos políticos también”.

 

Sin embargo, lo más probable es que el camino a tomar no corresponda cabalmente a ninguno de los mecanismos planteados, sino que sea una vía “a la chilena” de cambio constitucional. Fernando Atria, abogado y académico de la Universidad de Chile que ha alimentado buena parte del debate especializado sobre el proceso constituyente, considera lo único que garantiza la solución de este problema es la participación ciudadana.

 

“En vez de plantearme a favor o en contra de cada uno de los mecanismos, yo creo que uno debería preguntarse por la relación que hay entre cuál es el problema y cuáles son las características del mecanismo. Y el problema es bastante claro: es una constitución neutralizadora, que pretende evitar que se tomen decisiones políticas que pongan al modelo en cuestión. Para lograr que las decisiones políticas no puedan cambiar el modelo, la constitución neutraliza los procedimientos de decisión”.

 

El diputado Leonardo Soto plantea que “en esto se puede ser creativo siempre que se respeten los principios que hay detrás: participación vinculante y un momento institucional. Pero no es un único modelo, hay distintas variantes, hay distintas combinaciones. Por ejemplo, una primicia, a propósito de que el actual Congreso tiene niveles de deslegitimación importantes, es que muchos sostienen que cualquiera sea el método que se contemple, el Congreso que se va a elegir en dos años más, que va a ser uno no influido por el binominal, podría tener una validación para presentarse frente a esa nueva constitución”.

 

CONSTITUCIÓN RESPONSABLE

 

Pese a que en los medios de comunicación el debate por la nueva constitución pareciera estar instalado de forma permanente, la encuesta CEP publicada en abril reveló que frente a la pregunta por los problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo el gobierno, el 46 por ciento de las personas considera que se debería enfocar en la delincuencia, asaltos y robos; el 45 en salud; el 40 en educación; el 28 en los problemas de corrupción y sólo el 5 por ciento considera que debería enfocarse en la reforma constitucional.

 

Sin embargo, las organizaciones sociales sí reconocen el impacto que un cambio constitucional podría implicar, aunque no tienen muchas expectativas frente al proceso actual. Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) –institución por los derechos de niños, niñas y jóvenes- y Vicepresidenta de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN, no confía en una constituyente vía parlamentaria porque “los y las parlamentarias han demostrado que no tienen ninguna capacidad de entender el país en el cual se está viviendo y no les importa”.

 

“Yo no creo que Michelle Bachelet lo vaya a cumplir. Creo que ella no tiene ninguna capacidad de responder realmente a lo que puso en su programa. Es una persona que en este momento está terriblemente encerrada, que las decisiones que ha tomado a un grupo importante nos parecen bastante erráticas”, afirma la directora Ejecutiva de ACHNU.

 

A pesar de que la elección del mecanismo será trascendental, la discusión en torno a él ha desplazado hasta casi la desaparición temas cruciales como la transformación que la nueva constitución podría implicar para la forma en la que comprendemos la idea de nación y lo que eso implica para el reconocimiento y autonomía de los pueblos indígenas, algo que es “muy importante” para el 69 por ciento de los consultados en la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 2013.

 

Escéptico se muestra el cientista político José Mariman, quien no cree que el proceso constituyente, en los términos en que lo ha planteado hasta ahora la Presidenta Bachelet, pueda presentar un avance hacia la propuesta de autonomía del pueblo mapuche que él ha trabajado. “Si el pueblo mapuche decide participar o, para ser más precisos, fragmentos políticamente organizados dentro de él, provenientes de su ala autonomista, lo harán con conciencia de ‘un mal menor’”.

 

Su desconfianza se sustenta en el arraigo que reconoce en las elites nacionales de la idea de Estado-Nación. Para Mariman esa transformación es una cuestión de “cambio del horizonte cultural de esas élites y por ello creo que ese proceso tomaría más tiempo. Puede haber cambios que precedan ese otro y que ayuden o pavimenten el camino para que esa concepción de Estado-Nación desaparezca en el futuro y sea reemplazada por una idea de Estado de muchas naciones, lo que es más cercano a la realidad del país”.

 

Esa autonomía, quizás en un futuro más amplio, según Mariman, podría traducirse en formas de autogobierno autónomo, en instancias de encuentro como los parlamentos en regiones pluriétnicas o en el parlamento nacional, en establecer cuotas de representación a través de la idea de escaños reservados a esas otras naciones, “proporcionales a su peso sociológico en el contexto de la población general del país o incluso más, precisamente para favorecerlos luego de décadas o siglos de exclusión”.

 

Según Davor Harasic, el peso de una constitución legítima cambiaría a tal nivel de orden las cosas, que “un ciudadano no notaría ningún cambio. El ciudadano se sentiría representado por el modelo que esa constitución consagra” y a su vez responsable de ella también. “Tenemos que discutir los grandes temas. Por ejemplo la centralización en Chile, el Estado subsidiario, son grandes temas que queremos llevar a cabo, son temas que hoy día nos están impuestos, entonces no los podemos querer porque están impuestos. A lo mejor los aceptamos finalmente, pero los aceptamos como nuestros”, puntualiza.

 

*Publicado en El Paracaídas #9

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