Marcha de Profesores-10

EL CONFLICTO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS PROFESORES POR LA CARRERA DOCENTE

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Nadie duda de la relevancia del desarrollo profesional de los profesores para la formación de las futuras generaciones. Sin embargo, docentes y expertos en educación aseguran que el proyecto de ley que impulsa el gobierno y que regulará la carrera docente no recoge las inquietudes del gremio ni tampoco avanza en cambiar el paradigma de educación pública que el país demanda hace años. Aquí sus razones.

 

 

Por Francisca Palma y Felipe Ramírez

Fotos: Alejandra Fuenzalida y Felipe PoGa

 

 

 

El pasado 6 de julio la policía dispersaba con carros lanzaaguas a decenas de profesores que se manifestaban a las afueras del ex Congreso Nacional en Santiago. Al mismo tiempo, al interior del edificio se reunían representantes de los docentes, la nueva ministra de Educación, Adriana Delpiano, y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

 

Luego de más de un mes de paro y más de dos desde que la presidenta Bachelet firmara el proyecto de Nueva Política Nacional Docente, las partes han estado lejos de llegar acuerdo,  a pesar de los esfuerzos realizados por la mencionada Comisión por acercar las distintas posturas enfrentadas.

 

Sin embargo, los profesores insisten en que es necesario retirar el proyecto presentado por el gobierno, idea que tiene de antemano la negativa del Ejecutivo, que sólo ha ofrecido ajustar la propuesta inicial a partir del trabajo de los expertos en educación Juan Eduardo García Huidobro, Carlos Eugenio Beca y Mario Leyton.

 

La ministra Delpiano ha advertido, eso sí, que no todos los puntos de los profesores podrán aplicarse dada la limitación de los recursos, que no alcanzarían, por ejemplo, para aplicar el 50 y 50 para horas lectivas y no lectivas.

 

Al cierre de esta edición, 860 liceos públicos se encontraban en vacaciones adelantadas, en una medida de presión que busca que la movilización de los profesores se deponga.

 

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

 

El pasado 20 de abril, cuando Bachelet firmaba el ingreso del proyecto, el entonces ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre calificaba el hito como “un paso muy importante en términos de reconocimiento, seguridad y estabilidad laboral para los profesores y profesoras”.

 

Distinta fue la opinión de los profesores, quienes once días después iniciaron un paro indefinido exigiendo el retiro del proyecto porque la iniciativa no reflejaba las propuestas del gremio. El trabajo previo, decían, resultó ser una mera formalidad.

 

-Si por trabajo prelegislativo se va a entender reuniones donde una de las partes le informa a la otra lo que pretende hacer y no escucha lo que se propone desde la otra parte, entonces es algo falso, inútil- dice Mario Aguilar, prosecretario del Colegio de Profesores.

 

Aguilar explica que el proyecto de ley no acogió prácticamente nada de lo planteado por el magisterio y que el debate enfrenta concepciones distintas sobre la educación: una que califica de “economicista y empresarial, que la entiende como un bien de consumo” y otra que releva el trabajo colaborativo y revitaliza la educación pública.

 

Rodrigo Cornejo, director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, explica que el problema para los docentes no es pedir más lucas, sino que “no se ven reflejados en el tipo de trabajador que aparece en esa ley”.

 

Leonora Reyes, subdirectora del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, DEP, plantea que este escenario responde a la forma en cómo se ha dado el proceso de participación para debatir un proyecto de tal relevancia. Además, dice, “da la impresión de que no estamos ante una discusión actualizada de las corrientes pedagógicas que es necesario poner al centro en esta ley”.

 

LA CARRERA DE LOS PROFESORES

 

Según Loreto Jara, investigadora de política educativa de la fundación Educación 2020, las preguntas respecto a “qué es lo que se está haciendo y cuánto impacto real podría tener la propuesta del gobierno quedan abiertas al analizar la creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente”, donde la formación inicial, la inducción de profesores y el apoyo al desarrollo profesional se plantean como los componentes principales.

 

Según Rodrigo Cornejo, esta ley hace evidente la continuidad de un modelo educativo que el país no ha logrado superar, ya que “las leyes que se han ido aprobando en este país no se han hecho desde las ciencias de la educación”.

 

-Aquí estamos frente a dos paradigmas: el del docente como un recurso humano y trabajador individual, y otro que se está reconstruyendo, que es el de la educación pública, del trabajo colaborativo, del proyecto y currículum pertinente respecto a las comunidades educativas. Estos dos paradigmas son como el agua y el aceite- asegura Cornejo.

 

“Lo que uno visualiza es que hay una asimetría en las distintas políticas y lo que se denomina en término de política pública como inconsistencia intertemporal”, dice Juan Pablo Valenzuela, del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile.

 

El concepto aplica, por ejemplo, en el aumento de los requisitos para el ingreso a la carrera de pedagogía. Para el investigador del CIAE se están poniendo “exigencias adecuadas pero no las condiciones para que se compense esa restricción en la entrada”, lo que repercutió en que en el caso de pedagogía básica el 2014 ingresaran la mitad de los estudiantes que el 2009. Valenzuela agrega que si esta medida no va de la mano de elementos que hagan atractiva la carrera, de nada vale tratar de atraer a los mejores.

 

Pero no basta con acercar a pedagogía a los estudiantes destacados. Además de atraer, mantener y distribuir a los profesores, es fundamental reestructurar la formación inicial. “No podemos ignorar que hay un colectivo de instituciones que no cumplen con los estándares para formar profesores. Hay quienes han sido invitados a estudiar por teléfono. Les preguntan su nombre y ya están inscritos”, asegura el presidente del Consejo de Decanos de Educación del CRUCH, Óscar Nail.

 

La proliferación de instituciones que entregan el título de pedagogía es un problema que también destaca Facundo Díaz, de Elige Educar. “En los últimos 15 años la cantidad de carreras de pedagogía ha aumentado muchísimo y de éstas un montón no están acreditadas y siguen impartiendo clases. A esto se suma que más de un cuarto de quienes entraron tuvieron menos de 500 puntos y a otro cuarto ni siquiera se le pidió prueba rendida”.

 

Otro aspecto que ha salido a la discusión es qué van a aprender los maestros. Para Loreto Jara, y en el marco de la necesidad de definir qué profesores queremos para el país, resulta básico establecer “algunos mínimos para la formación pedagógica a nivel nacional, que haya una base formativa común”. Dejando, eso sí, espacio para que cada institución universitaria imprima su sello en el currículum.

 

Una vez insertos en la sala de clases los profesores se enfrentan a otro desafío: la preparación de los contenidos. Y esta es una de las demandas que más fuertemente se ha escuchado por parte de los profesores: el objetivo de llegar al tan añorado 50 y 50, es decir, la mitad del tiempo destinado a la realización de las clases y la otra mitad para su preparación. Esto no sólo responde al agotamiento y el agobio que representa para los maestros la actual dinámica, donde un 34 por ciento de los profesionales señala que trabaja más de 51 horas, aunque su contrato sea por 44, según cifras del CIAE.

 

“Hoy día un profesor tiene que tener la capacidad de gestionar salas de clases que son muy heterogéneas. Ese es un trabajo complejo porque se debiese planificar una clase considerando los distintos ritmos de aprendizaje, a lo que se suma un contexto multicultural”, dice Jara.

 

Pero el director de la OPECH advierte: además de transitar al 50/50 -dejando atrás el 65/35 que propone el proyecto- “hay que diferenciar esas horas no lectivas del trabajo burocrático y administrativo que actualmente realizan los maestros”.

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LA VARA DE LA MEDICIÓN

 

Uno de los puntos que más ha despertado el debate tiene que ver con el incremento en el número de evaluaciones, tanto para ingresar a la carrera docente como para ir avanzando en los tramos que plantea: inicial, temprano y profesional, como obligatorios; y avanzado y experto, como opcionales.

 

“Aquí hay una idea de que un mejor desempeño depende más de la presión externa que de apostar en generar mejores condiciones de trabajo de los profesores”, plantea Ernesto Águila, director del DEP. Es más, este proyecto concibe “la palabra evaluación como si tuviera una cosa mágica: si haces más evaluaciones puedes incidir en que ese profesor mejore, pero no es automático”, agrega.

 

Para el director de la OPECH la bonificación por el trabajo docente debe estar determinada por factores como la experiencia, el perfeccionamiento, las responsabilidades pedagógicas que asuman los profesores y las innovaciones curriculares y no por la dinámica de las etapas, que representa “una lógica de competencia y de mercado”.

 

Cornejo explica que el énfasis debería estar en el establecimiento de un sueldo base fijo cercano al 80 por ciento de la remuneración de los docentes –como ocurre en países como Finlandia-, mientras el resto quedaría determinado por los factores ya mencionados. Esto impactaría además en que “la carrera de pedagogía sea más atractiva y con menor deserción desde los primeros años, como ocurre hoy”, asegura.

 

Los investigadores destacan que esta intensa movilización ha sido crucial para el profesorado, quienes no han restringido esta discusión a las demandas gremiales, sino que se han inclinado a una dinámica propositiva. Para algunos este movimiento tiene como símil el año 2011 de los estudiantes, marcando así “un proceso rico que está surgiendo de la movilización”, plantea Leonora Reyes.

 

Esto se contrapone a cómo han ido dándose las decisiones en materia educativa en Chile. “Estamos colonizados por disciplinas externas a la pedagogía que se sienten con el poder de decir cómo debe construirse todo esto”, plantea Águila.

 

Rodrigo Conejo hace un enfático llamado a la clase política para que “de una vez por todas dejen de legislar en función de ideas sobre ideologizadas de que el mercado de la competencia siempre es bueno. Es tiempo de que se abran al mundo científico de la educación y al de los movimientos sociales”.

 

Leonora Reyes propone una analogía entre esta discusión con la idea de una nueva carta constitucional, “porque para pensar en las condiciones políticas para hacer cambios más profundos, se necesita abandonar esta lógica correctiva, que no se da sólo en este caso sino en general para todas las leyes”.

 

*Publicado en El Paracaídas #9

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