Soldados colombianos vigilan el área donde aterrizan helicópteros del Ejército colombiano con equipos y técnicos encargados de reparar el tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas saboteado por la guerrilla.
El campo petrolero Caño Limón es compartido por la petrolera estatal colombiana Ecopetrol y la empresa Occidental Petroleum Corporation con sede en los Estados Unidos. En 2002 el Congreso estadounidense aprobó un paquete especial de 98 millones de dólares en ayuda militar a la XVIII Brigada en Arauca para proteger los 770 kilómetros del oleoducto Caño Limón-Coveñas del sabotaje guerrillero.

VIOLENTOLOGÍA COLOMBIANA

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Visto por muchos como una lucha entre guerrilleros y narcotraficantes, el conflicto armado colombiano, el más largo de América Latina, esconde una realidad compleja que ha estado jalonada de matanzas y diálogos, desmovilización y combates. Develar esos matices es el objetivo del lente de Stephen Ferry, un reportero gráfico que desde mediados de los ‘90 ha sido testigo de esta historia y que hoy se atreve a soñar con la tan esquiva paz.

 

Por Felipe Ramírez S.

Fotos: Stephen Ferry

 

Un grupo de hombres con uniforme de camuflaje de pie tras una cinta amarilla frente a una camilla con un cuerpo sin vida. La descripción corresponde a una de las fotos de la exposición “Violentología: un manual del conflicto colombiano” del fotógrafo estadounidense Stephen Ferry, que por estos días se expone en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y retrata uno de los episodios más brutales de las últimas décadas de conflicto en Colombia: los falsos positivos.

 

El 2008 se reveló que miles de civiles inocentes fueron asesinados y hechos pasar como guerrilleros muertos en enfrentamientos por miembros de las brigadas de combate del ejército colombiano. El objetivo del engaño era mostrar que la guerra contra la insurgencia estaba obteniendo logros, mientras que los soldados involucrados recibían beneficios.

 

Este capítulo es sólo uno de los muchos que han repletado la historia de este país sudamericano durante las últimas décadas, en el conflicto armado más extenso de la región y con las guerrillas más longevas del mundo. Una combinación dramática de represión, insurgencia, paramilitarismo, corrupción y narcotráfico en un país que Ferry describe como lleno de matices y paradojas. “Junto a una guerra cruenta y cruel, donde las condiciones de vida son muy difíciles para muchas personas, la gente disfruta y goza de sus vidas de una forma espléndida”, destaca el reportero gráfico.

 

“A pesar de llevar años cubriendo América Latina yo no tenía idea de la importancia, de las múltiples dimensiones ni de la complejidad del conflicto armado en Colombia” afirma Ferry, quien ha cubierto cambios sociales, políticos y medioambientales en Europa del Este, África del Norte y Oriente Medio. Ferry explica que su obra busca informar al público de la verdad detrás de lo que sucede ya que “la opinión generalizada es que todo gira alrededor del narcotráfico”.

COMBATIENTES DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN) HACEN EJERCICIO. CERCA A TAME, ARAUCA. 4 DE NOVIEMBRE, 2005.

DÉCADAS DE LUCHA ARMADA

 

En una limpia y ordenada ciudad, un bombero estadounidense se dispone a cruzar una calle para reunirse con su esposa y su hijo cuando una bomba explota frente al consulado colombiano. Tras el incidente, el hombre, hambriento de justicia, persigue al terrorista responsable para vengar a su familia. La escena descrita abre la película “Daño colateral”, protagonizada por el actor Arnold Schwarzenegger, que muestra a una Colombia en manos de guerrilleros aliados de narcotraficantes, terroristas listos para golpear Estados Unidos.

 

La escena anterior es sólo un ejemplo de la visión que existe sobre el conflicto armado en el país cafetero y que asola al pueblo colombiano desde por lo menos 1948. En esa época en el país los campesinos pobres presionaban al gobierno en demanda de tierras y la represión –que en los años ‘20 había cobrado la vida de cientos de huelguistas de la empresa United Fruit Company en la localidad de Ciénaga- parecía ser la respuesta estructural del Estado.

 

Los enfrentamientos llegaron a tal nivel que el líder liberal, Jorge Eliecer Gaitán, convocó en febrero de 1948 a una “marcha del silencio” que reunió cien mil personas demandando su fin. Pero el 9 de abril de ese mismo año un pistolero de nombre Juan Roa Sierra asesinó al dirigente y candidato presidencial, desatando disturbios y saqueos que duraron días e iniciaron un período denominado “La Violencia”, que provocó cientos de miles de muertos. Los enfrentamientos se extendieron hasta 1957, cuando liberales y conservadores firmaron el pacto que dio vida al “Frente Nacional”: una alianza mediante la cual se turnaban el gobierno y se repartían en partes iguales los cargos oficiales.

 

En el marco de la estrategia contrainsurgente impulsada por Estados Unidos en la región durante la década de los ‘60 desde la Escuela de las Américas para acabar con los grupos guerrilleros –con la guerra de Vietnam como telón de fondo- nació en 1964, bajo el influjo de la revolución cubana y la figura de Camilo Torres, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos años después las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

 

La guerra en Colombia iniciaba una nueva etapa, que durante décadas estaría protagonizada por las guerrillas de izquierda y la violencia de Estado.

 

La violencia en Colombia vive ciclos que alternan grandes enfrentamientos con procesos de desmovilización y negociación. Así lo explica el profesor del Instituto de Estudios Internacionales, IEI, de la Universidad de Chile Gilberto Aranda, quien asegura que uno fue el abierto en 1948, otro estuvo marcado por la revolución cubana y otro por el fin de la Unión Soviética, que provocó “una reconversión de la violencia, apareciendo elementos como la relación con el narcotráfico” y el secuestro.

 

Stephen Ferry coincide con esta visión. “El conflicto se ha transformado de distintas formas a lo largo del tiempo. A finales de los ‘90 e inicios de los 2000 las FARC-EP tuvieron un auge y llegaron a controlar gran parte del país, pero luego vino el auge del paramilitarismo de derecha y sus matanzas en contra de la población civil”, destaca.

 

Según Aranda uno de los problemas centrales para avanzar en el proceso de paz corresponde a la desconfianza mutua. La insurgencia tiene fresco el recuerdo del exterminio del partido Unión Patriótica en los años ‘80, formado por guerrilleros desmovilizados, y el gobierno no confía en organizaciones que han vulnerado las mismas treguas que han anunciado.

 

Sin embargo, el académico asegura que la sociedad mayoritariamente quiere la paz, aunque no hay acuerdo sobre cuál es el mejor camino para alcanzarla. “Hay gente que piensa que ésta se alcanzará cuando la guerrilla esté aplastada, pero la actual negociación busca alcanzar acuerdos que permitan la reinserción” de los combatientes, destaca.

 

En la misma línea, Ferry hace hincapié en que se ha visto un desescalamiento del conflicto, incluyendo el término de los bombardeos contra la insurgencia, el fin de los secuestros y el regreso del cese al fuego, lo que permite en su opinión ser positivo. “Creo que hay razones para ser optimistas, sobre todo por la labor de numerosas organizaciones campesinas, sindicatos y la sociedad civil que están comprometidos con la paz”, afirma.

 

Este punto es de suma importancia para el reportero gráfico ya que “la ultra derecha, muchas veces con vínculo con las fuerzas de seguridad, siguen asesinando a dirigentes sociales, las amenazas a los líderes continúan a pesar de las negociaciones”, lo que de todas maneras no ha impedido que exista una “reconfiguración de la política gracias al surgimiento de nuevos actores, donde en gran medida el proceso de paz y la postura del presidente han abierto nuevos espacios para la organización”, remata.

 

Entre esos actores se encuentran, sin duda, las organizaciones campesinas que protagonizaron fuertes movilizaciones en el país los últimos años, irrumpiendo en una escena política que ha estado fuertemente monopolizada por el conflicto. Ricardo Herrera es vocero nacional del Congreso de los Pueblos y líder del Coordinador Nacional Agrario, y asegura que no basta el silencio de las armas para alcanzar la paz.

 

“Para nosotros la paz es justicia social, eso siempre lo han dicho las organizaciones sociales y populares. La paz es resolver los problemas causantes de la guerra y la violencia en Colombia, haciendo cambios estructurales que permitan que nuestro pueblo tenga las condiciones para vivir dignamente”, asegura.

 

El dirigente social explica que para el gobierno la paz involucra sólo la desmovilización y el desarme de la insurgencia “para que se permita la inversión extranjera y se implementen políticas neoliberales que han diseñado las grandes corporaciones transnacionales”.

 

Herrera asegura que es imposible alcanzar una paz duradera en el país si no participa la sociedad civil en el debate. “En el país tenemos que conformar un gran movimiento nacional por la paz que impulse un diálogo que incluya no sólo a las FARC-EP sino también al ELN. La participación directa del pueblo colombiano, organizado y no organizado, es fundamental”.

 

Para Gilberto Aranda, lo que está en juego es que Colombia se pueda aprovechar todas sus potencialidades. “En un contexto en el que las economías sudamericanas van a la baja en sus expectativas de crecimiento Colombia se ha mantenido con tasas relativamente altas. Cuenta además con grandes recursos naturales y una ubicación geográfica estratégica entre las dos Américas, de la que no ha podido sacar provecho debido al conflicto”.

 

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*Publicado en El Paracaídas #10

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