Manuel Antonio Garretón-03

DERROTA O VIGENCIA DEL PROYECTO REFUNDACIONAL

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Por Manuel Antonio Garretón M.*

 

El programa de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría (NM), votado por una gran mayoría de quienes participaron en las elecciones, era de carácter democráticamente refundacional, en la medida que buscaba a través de cuatro grandes reformas (educacional, tributaria, laboral y nueva Constitución) los principios y estructuras fundados por la dictadura militar en el ámbito socio-económico, político y cultural, caracterizados por el predominio del mercado, el dinero, el interés privado, la desigualdad, sobre lo público, lo estatal, lo político y la igualdad. Es evidente que se trataba de un proceso refundacional de un modelo de sociedad y no de un acto o momento único. En términos estrictos era un proyecto radical que se implementaba gradualmente. Y eso fue lo que buscó hacerse en el primer año de gobierno, quizás con el error de todos los gobiernos democráticos en la historia de Chile de los siglos XX y actual, de privilegiar las reformas en los diversos ámbitos en vez de poner por delante la reforma o cambio político que viabilice las primeras.

La oposición a este proyecto fue brutal en el primer año de gobierno y vino de dos lados. Uno, la derecha política, los grandes intereses empresariales, los poderes fácticos y mediáticos, quienes rechazaban el cambio del modelo socio económico y político heredado de la dictadura y constituyen la oposición al gobierno. El otro, sectores de gobierno vinculados principalmente a la Democracia Cristiana, en algunos casos influidos por poderes fácticos como la Iglesia, en otros casos con intereses afectados por las reformas, en general temerosos que los cambios debilitaran sus posiciones de poder en la coalición. Estos sectores más que rechazar, buscaban morigerar las reformas quitándoles su carácter refundacional como explícitamente lo señalaban. A estas dos oposiciones al proyecto refundacional que se expresaban políticamente, hay que agregar una opinión pública favorable a las reformas, pero inducida por las oposiciones a rechazar diversos aspectos de su implementación y una posición crítica desde posiciones de izquierda en actores sociales que simplemente no creían en la autenticidad de los cambios propuestos o en la capacidad de la coalición gobernante de llevarlos a cabo.

El primer año de gobierno significó un avance significativo en el proyecto de la NM, culminando con el cambio del sistema uninominal. Ello, pese al error señalado de no haberlo iniciado con el tema constitucional que había adquirido gran legitimidad durante la campaña presidencial de 2013. Sin embargo, por un lado diversas concesiones retardaron dicho proyecto y mantuvieron elementos importantes del modelo anterior en los cuatro ámbitos de reforma indicados y, por otro lado, las oposiciones mencionadas, aprovechando errores en la gestión e implementación de las políticas gubernamentales y la pérdida de crecimiento económico motivado básicamente por la factores externos y por el propio comportamiento de los grandes empresarios, indujeron un clima crecientemente negativo hacia el gobierno en la opinión pública.

El año 2015 aparecía como la gran oportunidad de profundizar las reformas replanteando como cuestión central el tema constitucional, teniendo en cuenta además el descalabro que produjo en la derecha su involucramiento en los fenómenos de corrupción y su dependencia del financiamiento de los grandes grupos económicos. Pero los casos que afectaron indirectamente a la presidenta, y directamente a sectores de gobierno, especialmente a su ministro del Interior, terminaron por exacerbar la crisis de desconfianza de la opinión pública en la política y las instituciones, agudizar la pérdida de apoyo popular de la presidenta y el gobierno, generar una relativa paralización y pérdida de rumbo de éste, debilitando el liderazgo presidencial, y producir una profunda crisis de legitimidad de la política.

Ninguna de las medidas ensayadas por el gobierno, Comisión Anticorrupción y proyectos de ley que emanaron de ella, cambio de gabinete, anuncios de segundo tiempo y nuevas definiciones como “realismo sin renuncia” y “priorización y gradualidad”, han logrado mejorar la situación del gobierno ante la opinión pública ni dar la sensación que la crisis se ha superado. Pero ninguna de esas medidas tampoco, contrariando los deseos de las oposiciones al proyecto refundacional, han significado renunciar a esta dimensión. Los que esperaban una vuelta atrás y que se retrocediera en las reformas, o un golpe de timón con nuevas figuras para reponer un estilo y contenidos de la época de la Concertación, se han visto frustrados. También se equivocan los que se refocilan pensando que aquí se puso de manifiesto la verdadera cara derechista de este gobierno, como siempre han afirmado.

Es cierto que no se ha roto totalmente la ambigüedad y que la confusión en medidas, como por ejemplo la gratuidad de la educación superior, puede llevar a perpetuar el actual modelo de educación que se quería sustituir, o que el proceso constituyente podría diluirse en medidas de conversación y discusión exclusivamente entre las organizaciones e instituciones que están en crisis de legitimidad, como los partidos y el Parlamento. Pero también es cierto que no hay ninguna decisión de la presidenta ni ningún anuncio que signifique abandonar el programa refundacional, aunque se le llame como se le llame. Ella y la mayor parte de su coalición saben muy bien que ceder en este punto crucial que tiene como mejor expresión la nueva Constitución a través de un mecanismo democrático, participativo e institucional, significaría no sólo no responder a las expectativas que creó su triunfo electoral, sino hacer un mal gobierno y terminar fracasado, porque significaría volver al estilo y contenidos de gobiernos anteriores, que, independientemente de si fueron exitosos o no, hoy se muestran enteramente insuficientes. Aunque con dificultades, el proceso sigue abierto y corresponde a los sectores progresistas apoyarlo, no darlo equivocadamente por perdido ni entregarlo a los que quieren precisamente detenerlo.

 

 

*Sociólogo y Politólogo. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007

*Publicado en El Paracaídas #10

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