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LOS ARCHIVOS SECRETOS DE LA U INTERVENIDA: HISTORIA DE UNA RESISTENCIA

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Durante la dictadura el plantel perdió su Instituto Pedagógico, sus sedes regionales y la mayor parte de su financiamiento. La intervención militar golpeó fuerte a la universidad e instaló en ella a hordas de delatores dispuestos a desmembrarla desde adentro. Sin embargo, archivos que hoy ven la luz cuentan la historia de cientos de académicos, funcionarios y estudiantes que resistieron y lucharon, a costa de su propia comodidad y seguridad, por mantener su espíritu democrático y pluralista.

Por Jennifer Abate y Ana Rodríguez

Fotos: Felipe Poga / Gentileza Archivo Central Andrés Bello

Corría 1976. Un grupo de hombres terminaba de comer en una oficina del Laboratorio de Fotografía y Microfilm de la Universidad de Chile. La ocasión era especial: se jubilaba el funcionario Luis Araya Gómez y sus compañeros lo habían despedido con un almuerzo. Para inmortalizar el momento, alguien decidió tomar una fotografía. En ella aparecen once hombres y todos miran o tratan de mirar a la cámara, excepto uno, que aparece a la derecha y que sin preocuparse de la señal del fotógrafo, se lleva una taza a los labios mirando hacia otro lugar.

Esta figura que desentona y que parece escindida de la escena corresponde, según el reconocido fotógrafo y ex jefe del Laboratorio, Domingo Ulloa, a un “guatón de la P.P” o policía política, un “sapo” designado por los militares al mando de la Universidad para dar cuenta a sus superiores de cualquier actitud sospechosa o subversiva, es decir, contraria a la dictadura que asolaba Chile desde 1973.

Su trabajo, como el de todos quienes fueron enviados a infiltrar distintas unidades de la Universidad de Chile, era mantener aguzado el oído cuando sonaba el teléfono y en las horas de almuerzo para saber de qué hablaban los funcionarios, y revisar hasta el último documento que pudiera resultar sospechoso. Por supuesto, también amedrentar. Recuerda Domingo Ulloa que no era extraño que ese “sapo” se sentara a la mesa del almuerzo que compartía con los funcionarios dejando a un costado del plato su arma de servicio, como un recordatorio gráfico de que la Universidad de Chile había cambiado y otros eran sus dueños.

Recuerda Domingo Ulloa que este “guatón de la P.P” -“eran casi todos gordos y este también era gordo”- en particular se llamaba Luis Gac Carmona y que llegó a la Universidad buscando material fotográfico de una exposición sobre el movimiento social chileno que el Laboratorio, en alianza con el Instituto Pedagógico y la Biblioteca Nacional, había montado en la Universidad de Concepción antes del golpe.

Sin embargo, y a pesar de que logró despedir o hacer que renunciara la mayor parte de los funcionarios del Laboratorio, Luis Gac jamás encontró lo que buscaba. No por falta de tesón. Según Ulloa “era el primero en llegar y el último en irse, porque revisaba hasta los papeleros para ver qué trabajos se hacían y qué cosas podían ser ofensivas al régimen”. La razón estuvo simplemente en la astucia y riesgo que asumió Ulloa. “Este caballero (…) venía a revisar los cárdex donde teníamos la colección de negativos y empezó sistemáticamente a revisar cosa por cosa los cárdex, de arriba a abajo. Yo sabía dónde estaba la exposición, entonces, cuando él estaba próximo a llegar ahí, yo lo cambié y lo puse arriba, donde ya había revisado, y no encontró nada”.

El 11 de septiembre de 1973 implicó para Chile un descalabro que desmantelaría no sólo el sistema político y económico, sino que, sobre todo, cambiaría para siempre los modos de la convivencia social. Para la Universidad de Chile no sería distinto. El Decreto N°50, publicado en el Diario Oficial el 2 de octubre de ese año, autorizaba el nombramiento de rectores delegados, militares de alto rango que podían hacer y deshacer a su antojo dentro de los planteles chilenos. La misión era simple: tratar de reducir al mínimo la universidad y limpiar de ella todo rastro de lo que pudiera llegar a considerarse de izquierda. La democracia y el disenso eran cosa del pasado.

Fue así como durante la dictadura la Universidad de Chile perdió su Instituto Pedagógico, sus sedes regionales y la mayor parte del financiamiento que solía tener de parte del Estado. Se trató de un esfuerzo prolongado y sistemático por destruir la Universidad y lo que hasta ese momento representaba.

Sin embargo, dice Azun Candina, historiadora y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, quien junto a Alejandra Araya, directora del Archivo Central Andrés Bello, lidera el proceso de digitalización de archivos jurídicos que dan cuenta de la intervención militar en la Universidad de Chile, “la Universidad, con todo el daño, con todos los embates que sufrió, logró sobrevivir. Y hasta el día de hoy conserva algo que si tú lo miras en este contexto, es realmente sorprendente que aún exista, que es la vocación pública. Las personas que trabajamos acá seguimos viendo a la Universidad como una a la que le importa este país”.

Domingo Ulloa es sólo uno entre muchos a quienes hay que agradecer la persistencia de ese espíritu. Él, junto a otros funcionarios, académicos y estudiantes que resistieron los embates de la dictadura, de los delatores, de las malas condiciones laborales, junto a todos los que pudieron haberse ido en busca de mejores horizontes, pero se quedaron, cuentan una historia poco conocida. Ellos son hasta hoy la memoria de una universidad asolada económica y políticamente, pero cuyos integrantes más comprometidos resistieron en pie de guerra para tratar de salvar hasta donde les fuera posible el objetivo con el que había sido creada hacía más de 100 años.

Retrato de Augusto Pinochet que aún se conserva en las bodegas de Casa Central

Retrato de Augusto Pinochet que aún se conserva en las bodegas de Casa Central

EL RIGOR DE LOS CUARTELES

La Universidad de Chile, dice María Angélica Figueroa, abogada y académica de la Facultad de Derecho, resistió a través de las personas. “No había gran concierto, no había relaciones entre las facultades. Pero la resistencia se daba tácitamente en la forma de seguir haciendo las cosas, (de) tratar de decir lo que más se pudiera. Dirigir las tesis de los alumnos que eran de oposición. Yo dirigí la tesis de la presidenta de los Detenidos Desaparecidos, que no se podía recibir, porque le tiraban la tesis de un lado para el otro. Nos bajaban los sueldos y seguíamos acá”.

Ese mismo tesón fue el que impulsó a Figueroa, desde la Dirección Jurídica que se renovó una vez recobrada la democracia, a reconstruir la historia de una universidad despedazada y con heridas por sanar. Sin aceptar peros, se dio a la tarea de sistematizar todos los registros jurídicos que daban cuenta de sumarios administrativos conducidos por razones políticas, exoneraciones, delaciones y pérdida del que había sido un enorme patrimonio económico de la Universidad de Chile. La misión: revelar lo que había ocurrido en la Universidad y tratar, hasta donde fuera posible, de reparar los daños.

Según Figueroa, era lo mínimo que podía hacer por quienes habían luchado de otras formas antes que ella. Recuerda con especial cariño a Jorge Millas, escritor, poeta y filósofo que luchó abiertamente contra la dictadura desde la Facultad de Derecho. En 1975 incluso corrió el riesgo de publicar en El Mercurio su crítica “La universidad vigilada”, la que implicó su partida a la Universidad Austral, desde donde en 1981 también tuvo que salir por motivos políticos, quedando condenado a una precaria existencia enseñando particularmente a algunos estudiantes.

-A Jorge Millas la dictadura lo mató. Hay muchas personas que no figuran como personas que la dictadura mató o torturó, pero que son realmente también víctimas- dice Figueroa.

A comienzos de los ‘90 la Universidad inició un proceso de reparación a esas víctimas. Iván Silva, jefe de gabinete de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, recuerda que parte de su trabajo fue pesquisar a los estudiantes que habían sido exonerados para intentar reincorporarlos a sus planes de estudios.

Al mismo tiempo, y como gesto de memoria, estuvo a cargo de un levantamiento de información sobre estudiantes que habían sido asesinados o que figuraban en las nóminas de detenidos desaparecidos. Para ellos “se hizo una ceremonia en la Casa Central de la Universidad, con discurso del Rector Jaime Lavados, (…) un título simbólico para la familia de los estudiantes detenidos desaparecidos, cosa que también ayudó a recomponer estas fracturas sociales que la universidad tuvo adentro”.

Algo que nunca se ha logrado componer, dice Silva, es un listado oficial de los muertos y desaparecidos de la Universidad de Chile. “Es como de nunca acabar. Por lo menos en mi facultad nunca fue una nómina exhaustiva porque siempre alguien decía, ‘oye, pero acuérdate de Fulanito’. Entonces se empezaba a investigar y ahí se encontraban con que efectivamente faltaba alguien por poner en la lista”, comenta.

Iván Silva recuerda el tiempo de la intervención, cuando era estudiante del Pedagógico, como una época “atroz”: se cerró el acceso al campus, que se llenó de militares, y cuando pudieron retomar las clases, los dejaban entrar con nombre y apellido. Los planes de estudio se habían modificado, lo que retrasó varios años su titulación. Luego, como funcionario de la Universidad, explica que los rectores designados “trajeron el rigor de los cuarteles a la administración de la Universidad”. Eso incluía tener estafetas, personal para atenderlos, personal de inteligencia  metido adentro. Incluía además mucha autocensura.

-Antes de emitir una opinión tenías que fijarte muy bien con quién lo hacías. Tú no hablabas, por ejemplo, en un ascensor, o en reuniones no emitías todas las opiniones, porque no sabías realmente quién estaba en esa reunión. La autocensura es nociva para uno y costó mucho deshacerse de ella- dice.

Todo se endureció aún más con la llegada del rector Alejandro Medina Lois.

-También un general en retiro, un paracaidista comando, y también una persona muy dura. Fueron los años no gratos en la Universidad desde el punto de vista del trabajo día a día. Yo tuve muchas dudas de seguir o no en la Universidad- recuerda.

De hecho, dice, en 1980 partió a Estados Unidos a cursar un posgrado y mucha gente le preguntó por qué seguía trabajando en la Universidad. El asunto adquirió un sentido para él durante una charla con el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien les dijo: “ustedes, con la cultura que tienen, es mejor que estén dentro de la Universidad, si no sería entregar el campo abierto para que esto sea manejado por suboficiales del Ejército”.

Ese espíritu que mantuvo a Silva y a otros dentro de la institución, estaba, para fines de los ’80, “fuerte, atento, vigente, y yo diría que fue eso lo que logró salvar a la Universidad”.

Jardines del Instituto Pedagógico

Jardines del Instituto Pedagógico

LA PUNTA DEL ICEBERG

Cuando Alejandra Araya, directora del Archivo Central Andrés Bello, estudió su pregrado en los años noventa en la Facultad de Filosofía y Humanidades, todavía había vestigios de la intervención militar.

-Estaba súper reciente. Estaban las huellas de los profesores exonerados, de los que estaban recién retornando y que era difícil legalmente que volvieran; estaba el temor de los “sapos” infiltrados, muy fuerte- recuerda.

Y aunque el tiempo ha pasado, todavía, dice Araya, vemos sólo la punta del iceberg.

Para María Angélica Figueroa, los documentos de la dirección jurídica tienen poco valor como evidencia de lo que pasó al interior de la Universidad. Dentro de la Facultad de Derecho, explica por citar un ejemplo, una persona fue sumariada por intrigante.

-Le achacaron cualquier cantidad de cosas. Era una mujer joven, pero muy desagradable. Muy inteligente, pero conflictiva. Esa expresión, una personalidad conflictiva, se usó para simplemente eliminar. Esa fue una acción política en la que se sabía a quiénes se iba a echar. Fue la excusa formal- asegura.

El valor de los archivos jurídicos de la época, dice Azun Candina, es que permiten ver ese proceso por dentro. Las investigaciones sumarias abarcan los más diversos temas. Algunos abordan directamente la represión y el control a la actividad política de la Universidad. Pero hay otra cantidad de material que es más sutil. En esos papeles están registrados conflictos entre funcionarios, académicos.

-Hay sumarios que te hacen sospechar que fueron herramientas para despedir gente, para presionar para que presentaran su renuncia- asegura.

Dice Candina que en ellos está el tono de una época. Ahí pueden indagarse, dice, las estrategias de resistencia y también las de adaptación y negociación.

-Yo no tengo tan claro cuáles fueron los niveles de relaciones que se establecieron para la sobrevivencia de la Universidad, porque seguramente hubo mucho pacto. Esta Universidad pudo haber desaparecido, estuvo todo para que la eliminaran y no pasó. Esa no desaparición es lo que todavía queda por escudriñar, por preguntar, por resolver- asegura Alejandra Araya.

La intervención de la Universidad, dice Azun Candina, no fue un hecho puntual, sino un proyecto de transformación de la institución durante toda la dictadura. “Y yo creo que eso deja marcas, deja huellas”, explica. Este registro documental, asegura Araya, evidencia “todas esas conversaciones que parecen muy domésticas, muy triviales, pero que al final te dan cuenta de un estado de situación, de una intervención de esa vida cotidiana que es bien profunda”.

Araya espera que la puesta a disposición de estos archivos –actualmente en proceso de digitalización- para la comunidad es una forma en que la Universidad se hace cargo “de todo lo que implicó la intervención de la universidad en dictadura, eso es lo que representa ese material”

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Sedes regionales de la U. de Chile

Sedes regionales de la U. de Chile

 

 

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