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EDITORIAL: UNA CUESTIÓN DE DERECHOS

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Por Faride Zeran

Diciembre del 2015 quedará en los balances anuales como el mes en que las universidades del Estado vivieron en peligro. En medio de los ajustes, debates, cambios y recambios en torno a la gratuidad en la educación superior, paradojalmente quedaban fuera de ella tres universidades estatales, mientras aparecían beneficiadas un conjunto de universidades privadas. La reacción de diversos sectores, encabezados por el CUECH, Consorcio de Universidades del Estado, con el Rector de la Universidad de Chile liderando el debate fue clara. “O todas o ninguna”, fue parte de los argumentos que se escucharon esos días que culminaron con dos situaciones inéditas mientras el Ejecutivo clarificaba que todas los planteles del CUECH estarían en la gratuidad.
Uno de estos momentos inéditos fue el breve recorrido de un conjunto de rectores de las Universidades del Estado, que cruzaron dede la Casa Central de la Universidad de Chile hasta el Palacio de La Moneda para hacer entrega a la Presidenta de la República de una carta donde exhortaban al Estado a refundar el sistema de educación superior estatal basado “en la necesidad de una relación específica del Estado con sus universidades”.
El otro, inusual por la fecha de la convocatoria, -a pocos días de Navidad- fue la marcha organizada por la FECh y otras organizaciones estudiantiles, académicas y del mundo social, en defensa de las reformas a la educación superior, instando a la conformación de un sistema de educación pública fuerte y que tuvo entre sus oradores no solo a dirigentes estudiantiles, también al Vicepresidente del Senado Universitario, Carlos Ruiz Schneider, a la Presidenta de la CUT y a representantes académicos y funcionarios de la Universidad de Chile.
“El proyecto de reforma no debe perder de vista que si el Estado financiara instituciones que satisfagan ciertos requisitos con prescindencia de la naturaleza estatal o no de las mismas, lo que estaría declarando es que el deber fundamental del Estado es mantener las condiciones para el mercado de la educación superior”, señalaba la carta de los rectores del CUECH. ”Esto implicaría que lejos de anunciar o comenzar un cambio de paradigma, la política de gratuidad y la reforma que se espera impulsar sería la declaración final de que la educación no puede ser un derecho social y seguirá siendo una mercancía. Somos conscientes que el problema fue creado con la decisión reciente del Tribunal Constitucional, lo que implica que, mientras no haya una nueva Constitución, el cambio de paradigma tendrá que asumir formas que sean compatibles con la interpretación que de la constitución hace dicho órgano”, continúa la carta que culmina reiterando el compromiso del CUECH con la gratuidad.
El fallo del Tribunal Constitucional en el debate sobre el contenido y profundidad de la reforma, y la evidente pugna entre un modelo de educación que ha crecido a través de becas y créditos sin regulación ni presencia de una visión estratégica de país, y aquella que la asume en tanto un derecho social y no una mercancía, seguirán presentes en el transcurso de los próximos meses.
Se trata sin duda de una cuestión de derechos que en medio de una discusión confusa y muchas veces poco franca sobre lo que está en juego resulta trascendente no solo para el destino de las universidades del Estado sino para el futuro de Chile.
En este debate la Universidad de Chile y cada uno de sus estamentos y actores tienen mucho que aportar. Cada miembro de su comunidad encabezada por su Rector, así como por el Senado Universitario, la FECh, las agrupaciones de académicos y funcionarios debe asumir como propio el espacio público donde se dirime el resultado de las reformas. Porque más allá de la reforma a la educación, hoy se están definiendo los nuevos lineamientos de la República. Y porque en definitiva, se trata de una cuestión de derechos.

*Publicado en El Paracaídas #13

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